En un esfuerzo por garantizar que la nueva Ley de Transparencia en Nuevo León esté a la altura de los estándares nacionales e internacionales, más de 25 organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado presentaron un conjunto de principios mínimos que buscan fortalecer la apertura gubernamental y la rendición de cuentas.
Durante una mesa de trabajo convocada por el Congreso local, los participantes entregaron un documento que plantea las bases fundamentales para evitar retrocesos en la protección del derecho de acceso a la información pública. “Desde la sociedad civil reconocemos el enorme reto que presenta la actual legislatura para hacer frente a la construcción de una ley que esté a la altura de Nuevo León”, señalaron los promoventes al presentar su propuesta.
Afirmaron que el documento representa “un primer punto de partida y la base fundamental hacia una propuesta legislativa más concreta”, y aseguraron que las organizaciones firmantes mantendrán una participación activa en las discusiones futuras.
Los colectivos dejaron claro que la intención es que la nueva legislación se convierta en un referente nacional y garantice el acceso efectivo a la información. “Presentamos un decálogo con los 10 principios mínimos indispensables para que no haya ningún retroceso, y por el contrario, nuestra entidad pueda ser ejemplo a nivel nacional”, indicaron.
Entre las prioridades que señalaron están la transparencia máxima, la promoción del gobierno abierto, la profesionalización de las autoridades garantes y la garantía de independencia para los órganos encargados de la transparencia. También subrayaron la importancia de documentar todos los actos de gobierno de manera completa y accesible.
El grupo hizo un llamado para que las organizaciones ciudadanas y la academia sean incluidas en el proceso de selección de quienes integrarán el órgano colegiado especializado en transparencia, además de exigir que los mecanismos de impugnación sean ágiles y accesibles para la ciudadanía.
Las organizaciones advirtieron sobre la necesidad de mantener plazos razonables de respuesta a las solicitudes de información y evitar cualquier intento de ampliar las causales de reserva que limitarían el derecho a saber. También propusieron fortalecer la apertura de datos en formatos accesibles y crear espacios efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones.
Con esta propuesta, los colectivos buscan que Nuevo León no solo cumpla con las adecuaciones requeridas por la reforma federal, sino que se posicione como un modelo de transparencia, apertura y democracia efectiva.
