Acordeones, silencios y una democracia de utilería
En México, la legalidad parece tener la elasticidad de una liga vieja: se estira cuando conviene y se rompe cuando molesta. Hoy, la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que no, que no es necesario investigar a fondo lo que podría ser un caso de coacción del voto, uso indebido de recursos públicos y manipulación electoral. Todo, según ellos, por falta de pruebas. Qué conveniente.
La presidenta del Tribunal, Mónica Aralí Soto Fregoso, encabezó la negativa de abrir una investigación seria contra Morena y varios funcionarios públicos por el uso de “acordeones” durante la elección judicial del pasado 1 de junio. Esos papelitos con nombres “sugeridos” para votar —distribuidos, según denuncias, por brigadistas pagados con recursos públicos— aparentemente no fueron lo suficientemente sospechosos como para siquiera abrir un expediente.
El argumento es sencillo en su forma, pero profundamente torcido en su fondo. Dice el magistrado Felipe Fuentes Barrera que la denuncia “no incluyó fechas, lugares ni responsables”. Como si la ciudadanía tuviera acceso directo al GPS de cada brigadista, al calendario oficial de irregularidades o al WhatsApp de quienes reparten las órdenes desde las oficinas del poder. Mónica Soto, por su parte, consideró poco útil que la queja se presentara un día antes de la elección, como si eso invalidara su gravedad. Claro, porque las trampas solo cuentan si se denuncian con meses de anticipación y en horario de oficina.
Reyes Rodríguez Mondragón fue la voz disonante en este concierto de negaciones. Señaló lo evidente: que el área técnica del INE ni siquiera intentó investigar. Que se limitó a una pesquisa superficial para justificar el carpetazo. Que, en un país donde es peligrosamente difícil documentar con precisión las violaciones electorales, el órgano encargado de proteger la legalidad parece más interesado en protegerse a sí mismo. O a sus aliados.
La organización denunciante, Proyecto y Justicia Común, basó su queja en notas de prensa que documentaron brigadas, pagos y estrategias digitales para movilizar votantes. Y sin embargo, el sistema prefirió no mirar. Porque, ya se sabe, mientras el escándalo no llegue con video HD, coordenadas satelitales y confesión notariada, no hay nada que ver.
Así que ahí queda la lección: se puede denunciar, sí. Se puede presentar una queja, claro. Lo que no se puede, al parecer, es esperar que se investigue de verdad. No si eso incomoda al partido en el poder. No si eso implica reconocer que en nuestra democracia, los votos a veces vienen con instrucciones dobladas dentro del bolsillo.
Y luego se preguntan por qué la confianza en las instituciones va en picada. Pues por esto: porque frente al ruido de la trampa, los tribunales solo escuchan el silencio que más les conviene.
PD: Ahí queda la respuesta de la autoridad en ver por la sociedad. Por lo que es conveniente decir a todos aquellos en protestar que ni se tomen la molestia de seguir señalando de que hubo acordeones de por medio y dedazo para una elección de conveniencia.
