La diputada Margarita Zavala, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma al artículo 261 del Código Penal Federal, con la finalidad de incrementar las penas cuando el abuso sexual infantil se origine mediante contacto en redes sociales o plataformas digitales.
La propuesta legislativa, enviada a la Comisión de Justicia, plantea que cuando un adulto utilice medios digitales para contactar, engañar y posteriormente abusar sexualmente de una persona menor de 18 años, la pena aumente en una mitad sobre el rango actualmente establecido, que va de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.
En la exposición de motivos, Zavala advierte que, aunque el Código Penal ya contempla sanciones por abuso sexual infantil, no siempre considera como agravante el uso de redes sociales o herramientas digitales para establecer contacto con las víctimas, lo cual representa una omisión frente a nuevas formas de violencia.
“El fenómeno conocido como grooming, que consiste en el acercamiento y manipulación psicológica de niñas, niños y adolescentes a través de medios digitales para posteriormente cometer actos de abuso sexual, representa una de las amenazas más graves y actuales para la niñez y la adolescencia”, señala la legisladora.
Explica que, a diferencia de los delitos cometidos en contextos de cercanía física, el contacto digital suele implicar una estrategia prolongada, deliberada y planificada. Este patrón de comportamiento, asegura, no solo agrava el daño, sino que exige una respuesta jurídica acorde a su nivel de peligrosidad.
La diputada subraya que quienes abusan de menores por medio de redes sociales suelen ocultar su identidad, fingir ser alguien más y establecer vínculos emocionales con las víctimas para obtener información personal. Este tipo de manipulación, afirma, demuestra una conducta dolosa y premeditada que debe ser castigada con mayor severidad.
Además, destaca la necesidad de actualizar el marco legal frente a una realidad en la que cada vez más niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a riesgos en el entorno digital. “Por su edad y circunstancias, tienen poca capacidad para identificar situaciones de riesgo, y la diferencia de edad, conocimientos y habilidades socioemocionales con el agresor agrava los efectos del abuso”, concluye.
La propuesta busca no solo sancionar con mayor firmeza este tipo de conductas, sino también enviar un mensaje claro de rechazo social y legal frente a quienes utilizan la tecnología como herramienta para vulnerar a menores de edad.
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