El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de presidentas y presidentes municipales, como un mecanismo de control democrático ante el descontento social con el desempeño de sus autoridades locales.
La propuesta plantea modificar el artículo 115 de la Constitución Política, incorporando disposiciones que obliguen a las constituciones estatales a regular este instrumento de participación ciudadana. De ser aprobada, los congresos locales deberán garantizar en un plazo de seis meses que las personas ciudadanas puedan solicitar, bajo ciertas condiciones, la terminación anticipada del encargo municipal.
Mejía Berdeja subraya que el proceso de revocación no debe ser visto como una sanción impuesta desde arriba, sino como un derecho que la ciudadanía ejerce para decidir si sus representantes deben continuar o no en el cargo. “Debe ser un ejercicio democrático mediante el cual la población del municipio decida si continúa con el mandato el titular del Ejecutivo local”, explicó.
La iniciativa establece que la solicitud podrá realizarse durante los tres meses posteriores al año y medio del inicio del periodo de gobierno, con el respaldo de al menos el tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal del municipio. La jornada de votación tendría que ser libre, directa y secreta, y solo sería vinculante si participa al menos el 40 por ciento del padrón, y la mayoría absoluta opta por la revocación.
El legislador considera que permitir este tipo de mecanismos contribuye a una democracia más activa y participativa. “La revocación es un pilar fundamental en la democracia participativa, ya que permite a la ciudadanía ejercer un control real sobre sus gobernantes y exigir cuentas”, sostuvo.
Actualmente, recordó, el artículo 115 faculta a los congresos estatales a suspender o destituir a integrantes de los ayuntamientos únicamente por causas graves previstas en la ley. Sin embargo, la propuesta busca que sea la ciudadanía quien pueda iniciar directamente este tipo de procesos, sin obstáculos legales ni trabas institucionales.
Mejía Berdeja enfatizó que el poder debe responder a la voluntad popular y no perpetuarse en el cargo si ha perdido el respaldo social. “Este mecanismo debe realizarse sin candados jurídicos y dar paso al respeto pleno de la demanda del electorado y del pueblo que no está satisfecho”, apuntó.
Con este cambio, agregó, se obtendrían indicadores más claros sobre el nivel de aprobación social que tiene un gobierno municipal en temas clave como seguridad, servicios públicos, trámites o el estado del espacio urbano. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
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