La diputada federal Ana González González lanzó un llamado urgente al Gobierno federal para que la Estrategia Nacional contra la Extorsión deje de ignorar un factor clave: las mujeres son las más afectadas por este delito y enfrentan una violencia distinta que debe ser reconocida y atendida con protocolos específicos.
Desde la tribuna, la legisladora presentó un Punto de Acuerdo dirigido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que exige incorporar la perspectiva de género en cada etapa de atención y prevención de la extorsión. “La extorsión no es un delito neutral. Las mujeres, en particular las emprendedoras, madres de familia y propietarias de pequeños negocios, son vistas como blancos fáciles”, advirtió.
Con datos que reflejan una realidad cruda, González González subrayó que Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de este delito contra mujeres, con una tasa de 5.58 casos por cada 100 mil durante los primeros cinco meses de 2025. A esto se suma el hecho de que más del 97 por ciento de los casos no se denuncian, lo que dibuja un panorama aún más grave.
La diputada del PRI cuestionó que, aunque la estrategia nacional contempla acciones como la creación de unidades especializadas y la capacitación en manejo de crisis para operadores del 089, sigue sin considerar la violencia diferenciada que viven las mujeres. “Esto no solo afecta su seguridad económica, sino que vulnera su integridad física, emocional y psicológica”, subrayó.
Apelando al artículo 21 de la Constitución, recordó que las instituciones de seguridad deben actuar con legalidad, objetividad y eficiencia, pero también con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Por eso insistió en la necesidad de ajustar el enfoque actual, que deja fuera a una población que no puede seguir siendo invisible.
“No se puede hablar de seguridad sin garantizar la protección plena de las mujeres frente a un delito que las deja vulnerables y en silencio”, concluyó.
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