Transporte escolar: buena idea, mala ejecución
En papel, la propuesta del Gobierno de Nuevo León suena sensata: establecer por ley el uso obligatorio del transporte escolar para mejorar la movilidad y reducir la contaminación. Pero en la práctica, es un atajo que no soluciona los verdaderos problemas del tránsito urbano y traslada la carga al ciudadano.
El PAN por ejemplo ya advirtió que no respaldará la iniciativa. “No vamos a votar a favor de una propuesta que traslada responsabilidades que son exclusivas del Ejecutivo estatal”, dijo Policarpo Flores, su dirigente. Y tiene razón: si el transporte público es insuficiente, inseguro o ineficiente, es porque la autoridad ha fallado. Obligar a padres y escuelas a resolverlo es tan injusto como inútil.
La Alianza del Aire sostiene que esta medida puede tener impacto real si se planea bien. Cita el ejemplo de la Ciudad de México, donde el transporte escolar ayudó a mejorar el aire y reducir accidentes. Pero esa es otra escala, con otra infraestructura y otra capacidad institucional.
En Nuevo León, no hay un plan claro. Solo una ley que suena a parche. Y aunque la idea no es mala, ejecutarla sin estrategia sería repetir el viejo error de legislar sin sustento y administrar sin calle.
