Ciudad de México.– Ante el alarmante crecimiento de fraudes disfrazados de ofertas laborales en internet, la diputada federal Socorro Jasso Nieto propuso una iniciativa para frenar esta práctica con penas de hasta 10 años de prisión. La legisladora del PRI planteó la adición del artículo 387 Bis al Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar la promoción de empleos falsos a través de redes sociales, mensajería instantánea o cualquier otro medio electrónico.
“Este tipo de engaños se presenta con páginas apócrifas, anuncios engañosos y perfiles que suplantan empresas reconocidas”, denunció Jasso. Según explicó, las víctimas son atraídas con promesas de trabajos inmediatos, sin requisitos formales y con atractivos sueldos, lo cual circula ampliamente en plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp.
La diputada recordó el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde muchas personas llegaron tras ser reclutadas con falsas vacantes laborales. Ahí, las autoridades hallaron más de 400 objetos personales, además de hornos crematorios improvisados. “Se presume que muchas de las víctimas fueron enganchadas con promesas de empleo en seguridad o agricultura”, lamentó.
La iniciativa contempla penas de entre 5 y 10 años de cárcel y multas que van de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del daño causado. Jasso advirtió que estos fraudes no solo derivan en estafas económicas, sino que han sido puerta de entrada a delitos como trata de personas, extorsión o robo de identidad.
La propuesta responde también a un fenómeno documentado por organizaciones como el Centro de los Derechos del Migrante, que ha reportado esquemas sistemáticos de engaño con supuestas agencias de reclutamiento en el extranjero. En el informe “Trabajos falsos”, se detallan cobros ilegales por vacantes inexistentes, lo cual afecta especialmente a personas en situación vulnerable.
Según el reporte “Termómetro Laboral” de OCC Mundial, 69 de cada 100 personas en México encuentran vacantes fraudulentas hasta dos veces por semana. “Es una señal clara de que el marco legal actual es insuficiente”, subrayó la legisladora.
Jasso concluyó que esta reforma busca prevenir el delito y proteger a los ciudadanos, sin criminalizar errores administrativos, pero sí cerrando el paso a estructuras que deliberadamente lucran con la necesidad de empleo y ponen en riesgo la integridad de las personas.
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