El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que propone incluir en el Código Penal Federal y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el delito de reclutamiento forzado, con el objetivo de reconocerlo como una grave violación a los derechos humanos y sancionarlo de forma específica y proporcional a su impacto.
“Esta acción constituye una grave violación de los derechos humanos, de la libertad y del autónomo desarrollo de la personalidad, fundamentales para la dignidad humana”, argumentó Mejía Berdeja al defender su propuesta, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
La iniciativa busca que el reclutamiento forzado —entendido como el acto de incorporar, obligar o inducir a personas, en especial a menores, a unirse a grupos armados, redes de trata o delincuencia organizada— sea tipificado como un delito autónomo. Además, establece penas que irían de 10 a 20 años de prisión y plantea agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, personas migrantes, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas, entre otras condiciones de vulnerabilidad.
También se consideran agravantes cuando el delito sea cometido por integrantes o exintegrantes de instituciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, así como cuando exista una relación de confianza, parentesco o subordinación con la víctima, o se ejerzan actos de tortura o violencia sexual durante la sujeción.
“La delincuencia organizada recurre a la coerción, el engaño, la violencia o el abuso de situaciones vulnerables para forzar a personas a integrarse a sus filas, muchas veces con fines de explotación laboral, sexual, vigilancia armada o actividades de sicariato”, señala el legislador en su exposición de motivos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que incorpora el reclutamiento forzado como causa de exclusión de responsabilidad penal para aquellas víctimas que, bajo coacción, hayan sido obligadas a participar en delitos.
La propuesta también reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que este delito pueda ser perseguido bajo esquemas especiales, y contempla sancionar como delincuencia organizada a quienes se organicen para reclutar personas de forma permanente o reiterada.
Mejía Berdeja citó estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México y Reinserta, que revelan que al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes habrían sido reclutados por grupos delictivos entre 2010 y 2019. Asegura que la ambigüedad del término “reclutamiento” ha contribuido a normalizar o minimizar estas violencias, dejando sin protección a las víctimas.
Actualmente, el Código Penal Federal sanciona la trata de personas, pero no contempla el reclutamiento forzado como un delito autónomo ni agrava las penas cuando involucra a menores u otros sectores vulnerables. Por ello, la iniciativa busca cerrar esa brecha legal y dotar al Estado de herramientas eficaces para combatir este fenómeno.
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