En la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa para que la salud mental de niñas, niños y adolescentes deje de ser un tema secundario dentro de las políticas públicas. La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta que obligaría a las autoridades a implementar programas permanentes y gratuitos para la detección y tratamiento de trastornos como la depresión y la ansiedad.
El planteamiento fue turnado a la Comisión de la Niñez y Adolescencia y contempla una modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La legisladora subrayó que “la salud mental infantil es una crisis silenciosa que ha sido ignorada históricamente” y que con este cambio se busca garantizar diagnósticos y terapias accesibles, además de estrategias preventivas diseñadas en conjunto con el sistema educativo y las familias.
La iniciativa establece la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a los programas, así como la capacitación de profesionales de la salud y la educación capaces de identificar señales de alerta en la infancia. También plantea reforzar protocolos de atención psicológica en escuelas y centros de salud, con prioridad para menores en situación de vulnerabilidad.
Las cifras refuerzan la urgencia de esta propuesta. De acuerdo con Unicef, el 15 por ciento de los menores en México presenta síntomas de depresión y ansiedad. A ello se suma la escasez de especialistas: el país cuenta con apenas tres psiquiatras infantiles por cada millón de habitantes y menos del dos por ciento de los hospitales ofrece servicios especializados en salud mental infantil.
Fonseca Galicia advirtió que el 80 por ciento de las y los menores con trastornos emocionales no recibe atención adecuada, lo que provoca que la mayoría de los casos permanezca sin diagnóstico ni tratamiento oportuno. “Esta reforma no solo busca mejorar la legislación sino cambiar la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes que hoy sufren en silencio”, enfatizó.
Con esta propuesta, dijo, la salud emocional de la infancia se coloca como una cuestión de derechos humanos y de justicia social.
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