La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales actúen con mayor firmeza frente a la violencia sexual que afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes indígenas en México.
La legisladora del PRI advirtió que estos sectores arrastran una vulnerabilidad histórica vinculada a la pobreza, la marginación y la discriminación, condiciones que son aprovechadas por tratantes y organizaciones criminales para someterlas a explotación sexual, servidumbre doméstica, matrimonios forzados, explotación laboral e incluso a la participación en actividades ilícitas.
Jasso Nieto subrayó que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y niñas indígenas son las principales víctimas de trata en el país, especialmente bajo la modalidad de explotación sexual. Recordó que entre 2020 y 2022 las denuncias por este delito aumentaron 37 por ciento, lo que confirma la urgencia de reforzar políticas públicas y mecanismos de protección.
La diputada señaló que los delitos denunciados —incluidos casos en los que integrantes del crimen organizado han difundido material ilícito con actos de violencia sexual— constituyen violaciones graves a los derechos humanos y al marco jurídico nacional. “El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La omisión en investigar estos casos envía un mensaje de permisividad frente a grupos criminales que utilizan la violencia sexual como mecanismo de control social y económico”, expresó.
En este contexto, pidió al Gobierno Federal atender con prioridad la inseguridad en diversas regiones del país, garantizando a las mujeres indígenas el derecho a una vida libre de violencia. También exhortó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a realizar investigaciones con perspectiva de género y cultural, y llamó a los gobiernos locales a reforzar acciones de prevención y atención integral en coordinación con organismos internacionales y sociedad civil.
La legisladora remarcó que la violencia sexual y la trata de mujeres indígenas no solo vulneran la integridad de las víctimas, sino que erosionan el tejido social. Por ello, insistió en que la respuesta institucional debe ser inmediata, coordinada y efectiva para frenar este problema que permanece en ascenso.
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