La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el informe de gestión de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien concluyó de manera anticipada su administración tras la reforma judicial de 2024. El documento abarca el periodo de enero de 2023 a agosto de 2025 y destaca los logros alcanzados por la Corte en defensa de la independencia judicial y la tutela efectiva de los derechos.
En su mensaje, Piña Hernández subrayó que el Poder Judicial respondió a las adversidades sin estridencias, con sentencias y razón, manteniendo los pilares de la Constitución frente a desinformación y agresiones. “No respondimos con estridencias; respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación; apelamos a la razón, a la norma, a los hechos y a la técnica jurídica”, afirmó. La ministra enfatizó que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce, y reconoció la labor de todo el personal que contribuyó a garantizar la justicia en el país.
El informe detalla avances en varios ejes: fortalecimiento de la función jurisdiccional, combate a la corrupción, transparencia, reingeniería administrativa, derechos humanos e igualdad de género. En materia de transparencia, la Corte implementó herramientas tecnológicas reconocidas a nivel nacional, como el Asistente Virtual de Transparencia y el sistema JusticIA®, que obtuvieron premios por su eficiencia. Además, el portal ciudadano registró más de 1.6 millones de visitas y se publicaron ingresos y egresos de fideicomisos en cumplimiento con la normatividad.
En la lucha contra la corrupción, se atendieron 411 expedientes de responsabilidad administrativa y se impusieron 36 sanciones firmes, mientras que la gestión de los recursos internos permitió optimizar gastos y proteger derechos laborales. La ministra destacó que estas medidas fortalecen la certeza jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La igualdad de género fue otro eje central: se implementaron modelos de trabajo flexibles y a distancia para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados familiares, además de mecanismos para visibilizar conductas normalizadas de violencia de género. Por primera vez, se vinculó la evaluación del desempeño del personal administrativo a los ascensos de rango, beneficiando a quienes demostraron mérito y eficiencia.
En materia de seguridad informática, se creó un Centro de Operaciones de Ciberseguridad que resistió 3.2 millones de intentos de ataque sin afectar los sistemas de la Corte.
La política de gasto mantuvo disciplina presupuestaria y austeridad pese a un recorte histórico de 714.4 millones de pesos en 2025, logrando un promedio de eficiencia del 98%. La Corte también superó revisiones de la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones, lo que demuestra la correcta gestión de los recursos públicos.
Piña Hernández concluyó señalando que, aunque su etapa al frente de la Corte ha terminado, la misión de la justicia en México continúa. Subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta para garantizar los derechos reconocidos por la Constitución y mantener la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
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