En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la mesa de trabajo “hacia una reforma colaborativa para la seguridad vial de motociclistas”, donde legisladores, especialistas, autoridades y representantes de organizaciones coincidieron en la urgencia de construir un marco normativo que proteja vidas sin caer en prohibiciones ni sobrerregulaciones.
La presidenta de la Comisión de Movilidad, Patricia Mercado Castro (MC), advirtió que el reto es equilibrar la seguridad vial con el derecho de las personas que usan motocicletas. Subrayó que cada muerte y lesión grave en las calles es prevenible, y planteó que la Ley General puede ser una guía para los reglamentos locales con criterios homologados. “Lo que buscamos no es la sobrerregulación o la prohibición, sino una normativa útil, práctica y con capacidad de dar soluciones para salvar vidas”, dijo.
La diputada Mayra Espino Suárez (PVEM) alertó que en la última década los accidentes relacionados con motocicletas aumentaron 163 por ciento. Ante ello, sostuvo que los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los propios motociclistas deben impulsar leyes que reduzcan al máximo la mortalidad vial.
El senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena) señaló que el objetivo es avanzar hacia una propuesta legislativa ciudadana que responda con eficacia a los retos actuales. En tanto, la diputada jalisciense Alejandra Margarita Giadans Valenzuela (MC) pidió incluir en la discusión a los patines eléctricos, ante el incremento de siniestros protagonizados por menores de edad.
Al clausurar los trabajos, la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) anunció que se realizarán más foros en distintas entidades del país para recoger propuestas y enriquecer la eventual reforma.
Durante la mesa se presentaron diagnósticos preocupantes: el 60 por ciento de las muertes en accidentes de motocicleta corresponden a jóvenes entre 15 y 34 años; más de la mitad de los decesos ocurren por colisiones con otros vehículos y derrapes. Expertos de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y organizaciones civiles advirtieron que se trata de una crisis silenciosa de salud pública que exige respuestas firmes.
Las voces de los propios motociclistas también se hicieron escuchar. Pidieron que se reconozca jurídicamente al “motociclista” en la Ley General de Movilidad, regular seguros y licencias, endurecer sanciones contra el robo de motocicletas y crear un Instituto Nacional de Movilidad con un área especializada en motociclismo.
Coincidieron en que la motocicleta llegó para quedarse y que el reto legislativo es dar certeza, seguridad y derechos a quienes dependen de este vehículo para transportarse o trabajar, bajo reglas claras que permitan salvar vidas.
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