El campo mexicano enfrenta una crisis marcada por la caída en la producción, la dependencia de importaciones y la falta de apoyos efectivos, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa.
El dirigente señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abiertas investigaciones sobre el contrabando de azúcar, práctica que afecta directamente a los productores nacionales al desplomar aún más los precios del mercado. “Mientras algunos se enriquecen a costa de la ilegalidad, nuestros agricultores trabajan con sacrificio y sin apoyos suficientes para sostener la producción”, expresó.
De acuerdo con Espinoza Laguna, la producción agropecuaria nacional pasó de 294 millones de toneladas en 2022 a 284 millones en 2024, y todo apunta a que en 2025 continuará la tendencia negativa. En granos y oleaginosas, añadió, México se ha convertido en el segundo importador mundial, con un déficit de 25 millones de toneladas de maíz y con más de la mitad de sus necesidades cubiertas por importaciones.
“Esto contradice el discurso oficial de autosuficiencia alimentaria, que no pasa de ser solo un enunciado político”, afirmó. En el caso de Sinaloa, puntualizó que los productores de maíz enfrentan devaluación del peso, precios internacionales en picada y ausencia de programas de diversificación.
El líder campesino resaltó además que los agricultores mexicanos no solo compiten entre sí, sino también contra países como Brasil, Estados Unidos o Argentina. “Para sobrevivir en este mercado globalizado necesitamos capacitación, financiamiento, innovación y estrategias de comercialización, no solo discursos vacíos”, dijo.
Espinoza Laguna cuestionó la insuficiencia y el mal diseño de los programas oficiales, recordando que los precios de garantía benefician únicamente a pequeños productores, mientras que medianos y grandes —quienes sostienen gran parte de la producción— asumen los riesgos sin una red de seguridad.
Al concluir, lanzó un llamado enérgico a las autoridades: castigar ejemplarmente a quienes participan en el contrabando de azúcar, diseñar una política de Estado con visión de largo plazo y apostar por la competitividad del campo. “El campo sinaloense resiste, pero no puede resistir indefinidamente. Necesitamos que nuestros legisladores federales y el gobierno dejen de lado la retórica y empiecen a construir soluciones reales”, subrayó.
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