El robo y secuestro de animales de compañía se ha convertido en un delito en crecimiento que golpea a miles de familias en el país. Extorsiones, amenazas y cobros de rescate son parte de un mercado ilícito que, hasta ahora, no cuenta con un marco legal específico para castigarlo.
Tan solo en 2024, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México recibió al menos 40 denuncias por secuestro de mascotas, con exigencias de hasta 50 mil pesos. En la capital, el robo de perros aumentó 125 por ciento en los últimos doce años, principalmente en Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.
Ante esta situación, el diputado federal Carlos G. Mancilla presentó una iniciativa para reformar el artículo 365 del Código Penal Federal, con el fin de tipificar como delito autónomo el secuestro de animales de compañía.
La propuesta establece sanciones de tres meses a un año de prisión y multas de 20 a 60 días. Si la privación supera las 72 horas, la pena podría aumentar de cinco a diez meses adicionales. También se contemplan agravantes como violencia, maltrato, extorsión, lesiones o la muerte del animal. En los casos de animales de servicio, asistencia o apoyo emocional, las sanciones se incrementarían hasta en una mitad.
“El secuestro de animales de compañía es una conducta lesiva y compleja que trasciende el hurto patrimonial. Requiere un tipo penal federal autónomo, articulado con registros de identificación y capacidades de investigación”, afirmó el legislador.
Mancilla destacó la importancia de armonizar la legislación local y federal, fortalecer las fiscalías especializadas y establecer protocolos unificados entre ministerios públicos, policías y autoridades de bienestar animal para garantizar la restitución de las mascotas.
“Este es un problema que afecta directamente a las familias mexicanas, genera miedo, pérdidas y extorsiones. Con esta reforma damos un paso firme para que el Estado persiga y sancione con eficacia el secuestro de mascotas”, concluyó.
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