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El acuerdo de seguridad entre México y EU se característica por falta de transparencia

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Víctor Flores García

Ciudad de México.- El entendimiento de seguridad alcanzado entre México y EU, anunciado con grandes expectativas, carece de documentos públicos, planes operativos detallados y métricas verificables, advirtió este viernes en entrevista con la Agencia Sputnik Lisa Sánchez Ortega, directora general de la organización ciudadana México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Esta opacidad genera dudas sobre el impacto real de la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, acordado en una reunión celebrada en Palacio Nacional, el pasado 3 de septiembre, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el responsable de la diplomacia estadounidense, secretario de Estado Marco Rubio.

Según Sánchez, el entendimiento de seguridad entre ambos Gobierno norteamericanos se ha caracterizado por la ausencia de documentos públicos que detallen los planes de acción detrás de sus cuatro pilares: drogas, lavado de activos, tráfico de armas y migración.

“No existe un documento que contenga los acordado, a diferencia de otros acuerdos de seguridad como la Iniciativa Mérida (2007-2021) que se basaba en una serie de documentos públicos”, explicó la responsable de MUCD, organización fundada en 1998 como respuesta ciudadana a la inseguridad, violencia criminal, secuestros y extorsiones.

Ese acuerdo, implementado hace dos décadas, contaba con documentos legales y planes operativos accesibles, pero el nuevo entendimiento no ha generado información abierta ni esquemas de evaluación pública.

“Los planes operativos y los planes detallados de su acuerdo no se van a publicar, porque según las vocerías mexicanas, el crimen organizado también puede leer la prensa”, ironizó Sánchez.

La incertidumbre es tal que no se sabe si existen objetivos medibles o indicadores claros para evaluar los avances, según la experta.

“Nunca supimos si existían planes de acción con objetivos y métricas o si evaluaban la cooperación con algún tipo de metas”, afirmó la especialista.

Asimismo, alertó que en este caso, es posible que vaya a ocurrir lo mismo que con el Acuerdo Bicentenario, alcanzado en 2021 por los expresidentes Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Joe Biden (2021-2025), “cuyas metas y métricas nunca se publicaron”.

Para la investigadora, posgraduada por la Universidad de la Sorbona de París y la Escuela de Economía de Londres, ni siquiera hay certeza sobre la naturaleza legal del acuerdo.

“No creo que sea realmente un documento legal de cumplimiento obligatorio, donde las partes se sentaron a negociar los términos, las condiciones y el lenguaje. No está delimitada cuál es la línea base de referencia, ni cuáles van a ser las maneras de medir los avances, ni se hace un balance del pasado de la cooperación binacional en términos de seguridad históricos”, detalló.

Los especialistas de MUCD estiman que este vacío documental afecta la transparencia y el control ciudadano sobre la colaboración binacional, dificultando la medición del impacto real en la reducción de la violencia, el tráfico de drogas o el control migratorio.

DISCURSO Y DATOS BAJO ESCRUTINIO

Para Sánchez, las declaraciones oficiales sobre el entendimiento trabajan más para beneficio político y electoral que para reflejar la realidad operativa.

“La declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, está mucho más pensada para la audiencia norteamericana, para anotarse un gol frente a su electorado, que para calificar la realidad de la colaboración entre México y EU”, opinó.

Del lado mexicano, reconoció que existe un “mayor cumplimiento, entre comillas; una mayor entrega de información en las declaraciones de la presidenta Sheinbaum y en los informes del Gabinete de Seguridad”.

Sin embargo, esta comunicación pública “está muy orientada a comunicarle a Washington que la política de seguridad de México es seria y va orientada a cumplir con los objetivos de política exterior del Gobierno de Trump”.

Las métricas oficiales del Gobierno mexicano se concentran en estadísticas como número de personas detenidas, drogas incautadas, laboratorios desmantelados y bienes asegurados a los delincuentes.

“Estas cifras están muy pensadas para que el Gobierno de EU les dé seguimiento y las apruebe”, considera la especialista.

Las incautaciones de drogas y la cantidad de arrestos han aumentado relativamente, pero Sánchez advierte que “si esas métricas fueran las correctas para contener la inseguridad, el problema se habría resuelto hace dos décadas, porque son las mismas que se han utilizado desde que se declaró la guerra contra las drogas en 2007”.

Menciona como ejemplo que la entrega sin juicios y extradición de más de medio centenar de ex líderes del narcotráfico, tiene dos objetivos políticos.

“Primero, desmantelar la narrativa de que el Gobierno de México está aliado o en colusión con el narcotráfico; y segundo, demostrar a EEUU que las autoridades mexicanas están colaborando en materia de seguridad, para evitar barreras arancelarias o intervenciones militares”, enumera.

DESCONFIANZA Y OPACIDAD

Respecto a las cifras oficiales, Sánchez advirtió que “existe una sospecha sobre la calidad estadística de los datos de México”, y considera que los mejores años de la Iniciativa Mérida fueron superiores en colaboración, presencia de agentes y recursos.

“Si uno revisa los verdaderos niveles de cooperación bilateral, seguramente encontraríamos que durante esos 15 años hubo más proyectos y más agentes de EEUU presentes en México”, explicó.

Por otra parte, sobre el número de homicidios, la experta destacó la importancia de otros indicadores para comprender la realidad.

La presidenta Sheinbaum dijo en su primer informe de Gobierno que los homicidios dolosos cayeron un 25 por ciento durante los primeros 11 meses de su mandato.

“El homicidio doloso no es el único indicador que debemos considerar para evaluar la seguridad y víctima”, advierte.

Señaló además que “ha habido un aumento de desapariciones de personas en la misma proporción que la reducción reportada en homicidios”.

Sánchez explicó que estas cifras no pueden ser verificadas por fuentes independientes y alertó sobre posibles manipulaciones en las categorías estadísticas de muertes violentas.

“Hemos observado (en las estadísticas oficiales) incrementos en categorías de muertes violentas de intencionalidad no determinada, y comportamientos atípicos en la categoría de homicidio culposo, la cual descarta los asesinatos dolosos”, detalló.

Además, subrayó que hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses mexicanos, lo que aporta a la incertidumbre.

“No tenemos certeza de cuántas personas que continúan en el registro de desaparecidos realmente siguen desaparecidas, ya que muchas fueron asesinadas y sus cuerpos no han sido encontrados o identificados”, comentó.

La directora de MUCD alertó también sobre la desconfianza en la veracidad de los reportes oficiales, puesto que “la reducción de homicidios reportada podría estar maquillada por el manejo de categorías de muertes violentas y el fenómeno concurrente de desapariciones de personas”.

Sánchez plantea que la discusión va más allá de cifras y apunta a cuestionar si la cantidad de homicidios es el único indicador válido para medir la eficacia de la estrategia de seguridad o pacificación de un país.

CONTENCIÓN MIGRATORIA y CORRUPCIÓN

El acuerdo de entendimiento entre México y EU también está vinculado a la contención de la migración irregular.

La entrevistada comentó que “la presión de EU puede ayudar a generar una mayor voluntad política para no tolerar la corrupción ni la participación de autoridades en delitos, incluso por omisión o negligencia”.

Uno de los temas del entendimiento, agregó, es desarticular las finanzas del crimen organizado y cortar sus vías de enriquecimiento.

Finalmente, Sánchez resaltó la necesidad de que México transite hacia un nuevo esquema de seguridad que realmente desarticule los vínculos entre autoridades y criminales.

En ese punto, recordó una paradoja preocupante en el desempeño de la corporación de seguridad creada con tropas procedentes de las Fuerzas Armadas, en el Gobierno de López Obrador: la Guardia Nacional de más de 160.000 efectivos.

“Mientras la Guardia Nacional detuvo a más de 800.000 migrantes en la administración anterior, sólo capturó poco más de 20.000 presuntos delincuentes entre 2019 y 2024”, ilustró.

Según Sánchez, este balance refleja la complejidad y los límites de la colaboración en seguridad entre México y EU, a pesar de los discursos oficiales de buena voluntad. (Sputnik)