Ciudad de México.- La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) presentó una iniciativa para que el delito de estupro –definido como la cópula con una persona mayor de 15 y menor de 18 años obtenida mediante engaño– pueda perseguirse de oficio y se incorporen agravantes que permitan sanciones más severas en casos de mayor vulnerabilidad.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea reformar el artículo 262 del Código Penal Federal para establecer que el Ministerio Público actúe sin necesidad de querella y derogar el artículo 263, que actualmente condiciona el inicio de una investigación a la denuncia de la víctima o sus representantes.
Entre las agravantes contempladas se incluyen situaciones como: diferencia de edad mayor a cinco años entre agresor y víctima, entrega de dinero, favores, bienes o drogas para obtener el consentimiento, que la víctima se encuentre en condiciones de pobreza, abandono, adicción, violencia familiar o discapacidad, o que exista embarazo derivado de los hechos.
González Alonso subrayó que esta reforma busca cerrar la puerta a la impunidad en uno de los delitos sexuales más invisibilizados, al eliminar un requisito que revictimiza a las adolescentes, quienes hoy deben iniciar por sí mismas el proceso penal incluso cuando dependen económica o emocionalmente del agresor.
La legisladora destacó que en 2023 se abrieron 89 mil 253 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual, cifra que refleja el crecimiento de este problema en el país. “El Estado mexicano tiene la obligación de proteger de forma prioritaria a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, en particular la sexual”, afirmó.
La iniciativa, respaldada por integrantes del grupo parlamentario del PAN, busca dar un paso jurídico, social y ético para garantizar que el estupro deje de ser un delito que dependa de la denuncia de la propia víctima para que se haga justicia.
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