Entre la brutalidad del ICE y la protección de los jóvenes: dos urgencias sociales
La reciente redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles volvió a exponer un rostro alarmante de la política migratoria estadounidense. Rafie Shouhed, un hombre de 79 años, fue reducido con violencia en su autolavado, a pesar de padecer problemas cardíacos y haber pasado recientemente por una operación.
Las imágenes muestran a los agentes enmascarados sujetándolo contra el piso, ignorando sus súplicas y sometiéndolo durante casi doce horas sin atención médica, incluso después de confirmarse que era ciudadano estadounidense. Este episodio evidencia la desconexión entre la autoridad y la humanidad, un salvajismo que no distingue edades, antecedentes ni contribuciones de quienes, como Shouhed, han construido su vida y su historia en Estados Unidos.
Por ello, hoy Shouhed ha puesto a sus abogados a trabajar y demandar al ICE por 50 millones de dólares, sin antes, tratarse en un hospital por tener costillas rotas, heridas en el codo y traumatismos cerebrales.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en México, se da un paso relevante para proteger la salud de los jóvenes. La Cámara de Diputados aprobó la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, una medida que responde a la creciente alarma por los riesgos cardiovasculares, metabólicos y psicológicos que representan estas sustancias. La iniciativa reconoce que el consumo excesivo de cafeína, taurina y azúcares está relacionado con obesidad, diabetes tipo 2 y trastornos del sueño, afectando de manera directa a la población juvenil. Solo basta ver como en países como Francia sean prohibido, por la enorme perdida de vidas humanas ó mejor dicho de jóvenes por consumir este tipo de bebidas.
