La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del PVEM, presentó una iniciativa para que las instituciones públicas de educación media superior y superior exenten del pago de fichas, cuotas o derechos de examen de admisión a aspirantes provenientes de hogares en pobreza, comunidades indígenas o afromexicanas, así como a víctimas de violencia o desplazamiento forzado.
La propuesta, que adiciona la fracción IV del artículo 62 de la Ley General de Educación, argumenta que estos cobros contradicen el principio de gratuidad y reproducen desigualdades que afectan a quienes ya enfrentan exclusión social. Licerio Valdés señaló que eliminar estas barreras permitiría cumplir con los mandatos constitucionales de gratuidad y accesibilidad, además de garantizar que todas las personas, sin importar su origen socioeconómico, puedan continuar su trayectoria educativa.
La legisladora advirtió que en México persisten obstáculos económicos que limitan el acceso a la educación, y que el pago por exámenes de admisión representa un freno para miles de jóvenes. “Estos cobros condicionan el acceso y perpetúan la desigualdad cuando se aplican a personas en situación de vulnerabilidad”, sostuvo, al subrayar la necesidad de medidas que fomenten la equidad, reduzcan la desigualdad educativa y promuevan la movilidad social.
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