En un país donde las quejas contra las compañías de telefonía móvil se repiten como disco rayado —fallas en el servicio, cobros indebidos, promociones incumplidas o la eterna batalla por desbloquear un equipo—, el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) puso sobre la mesa una propuesta de reforma que podría cambiar la relación entre usuarios y concesionarios.
La iniciativa plantea modificar el artículo 185 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con un eje claro: darle poder real al consumidor. Entre los puntos más relevantes está el derecho de fijar un límite máximo de consumo sin que las empresas puedan cobrar de más, además de garantizar que las condiciones de calidad estén claramente explicadas en los contratos.
La propuesta también obliga a que el desbloqueo de los equipos sea inmediato al terminar el contrato o liquidar el equipo, sin necesidad de peregrinar a un centro de atención. Y algo que muchos clientes agradecerían: la devolución de los saldos no consumidos, siempre que sea técnicamente posible.
En caso de incumplimiento, el usuario tendría la facultad de rescindir el contrato sin sanción, pagando únicamente los cargos pendientes.
La reforma, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, contempla además que la Profeco verifique al menos cada 18 meses las condiciones de los contratos de adhesión y pueda ordenar modificaciones si detecta deficiencias en la calidad del servicio.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los reclamos más frecuentes de los usuarios son las fallas en el servicio, los problemas de cobros y saldos, la portabilidad complicada, la publicidad engañosa y los cambios de plan sin previo aviso.
En resumen, la iniciativa apunta a poner límites a prácticas abusivas que por años han convertido al usuario en rehén de su proveedor. Falta ver si la propuesta se convierte en ley o si, como tantas veces, las promesas de mejorar la experiencia de los clientes terminan en buzón de voz.
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