La administración del alcalde Jesús Nava Rivera vuelve a estar bajo cuestionamientos por presunta falta de transparencia. Esta vez, por ocultar información relacionada con el Centro de Bienestar Animal, donde se han denunciado sacrificios y presuntos malos tratos hacia perros y gatos.
El diputado local Miguel Lechuga denunció que, al igual que ocurrió con la venta irregular de 19 terrenos municipales, el Gobierno de Santa Catarina se niega a entregar datos que deberían ser públicos. El legislador del PAN solicitó oficialmente a la Unidad de Transparencia del municipio los registros de animales sacrificados o eutanasiados durante 2024 y lo que va de 2025.
La respuesta, firmada por Gloria Edir Sánchez Arredondo, titular de la Unidad de Transparencia, fue que no se localizó información alguna sobre los temas solicitados. Argumentó que, tras una búsqueda “exhaustiva y razonable”, no se encontró ningún documento o expediente con esos datos.
Además, la funcionaria informó que la información se clasificó como reservada por un periodo de cinco años, decisión avalada por el Comité de Transparencia municipal. El acuerdo señala que el impedimento de entrega “no constituye una restricción al derecho de acceso a la información”, justificando la reserva con base en supuestos “motivos de interés público”.
Ante esta situación, el diputado Miguel Lechuga señaló que esta medida refleja un patrón de opacidad en el Gobierno de Jesús Nava. “Lo que buscan es esconder la verdad sobre lo que ocurre en el Centro de Bienestar Animal. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas y tampoco hay sensibilidad frente al maltrato de seres vivos”, expresó.
Lechuga adelantó que insistirá por otras vías legales para obtener los datos y exigir la rendición de cuentas. “Vamos a continuar hasta que se dé a conocer cuántos animales han sido sacrificados y en qué condiciones. No vamos a permitir que la opacidad se normalice en Santa Catarina”, concluyó.
La polémica se suma a una serie de cuestionamientos recientes contra la administración de Nava, señalada por mantener en reserva información pública y por presuntas irregularidades en la disposición de bienes municipales.
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