El diputado Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, propuso una reforma al artículo 250 Bis del Código Penal Federal para endurecer las sanciones contra quienes falsifiquen uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública.
La iniciativa plantea elevar la pena actual, que va de cinco a doce años de prisión, a un rango de doce a quince años, con el propósito de proteger la integridad de los símbolos oficiales y evitar su uso indebido. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
De acuerdo con el legislador, la falsificación de uniformes, insignias o credenciales representa un riesgo grave, pues puede ser utilizada para suplantar a autoridades, cometer delitos como extorsiones o robos, e incluso realizar actos terroristas. Estas acciones, advirtió, generan desconfianza ciudadana y atentan contra la seguridad nacional.
López Hernández subrayó que los elementos de identificación de las fuerzas armadas y de las instituciones de seguridad son más que simples objetos: simbolizan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de permitir su reconocimiento por parte de la población.
La propuesta enfatiza que la exclusividad de estos símbolos debe estar protegida por ley, garantizando que solo las personas autorizadas puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
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