La Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de una sesión en la que la mayoría oficialista impuso su voto y desechó los intentos de la oposición por frenar el debate.
Con 345 votos a favor y 131 en contra, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde avalaron el dictamen que elimina el artículo transitorio de retroactividad, una de las partes más cuestionadas por legisladores y juristas. Hubo tres abstenciones: una de Morena y dos del PT.
La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre, busca ajustar los plazos y alcances del juicio de amparo, limitar las suspensiones judiciales en casos de bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y establecer nuevas reglas sobre la presentación de promociones electrónicas.
Durante la sesión, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaron suspender la discusión, pero sus mociones fueron rechazadas por mayoría. “El pleno decidió seguir adelante con una reforma que toca el corazón del control constitucional”, lamentaron desde la bancada opositora, al advertir que la medida puede restringir los recursos de defensa ciudadana ante actos de autoridad.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anticipó que se propondrán ajustes en los artículos 128, 129 y en los apartados transitorios, aunque subrayó que la esencia de la iniciativa “fortalece el juicio de amparo como herramienta para la defensa efectiva de los derechos humanos”.
El dictamen aprobado precisa que los asuntos en trámite seguirán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su inicio. También incorpora límites al uso de suspensiones para evitar, según la mayoría, que se utilicen como instrumento para frenar investigaciones financieras o fiscales.
La reforma establece que todas las autoridades deberán contar con usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para actuar en los juicios, y que las promociones podrán presentarse tanto en formato impreso como electrónico, sin que este último sea obligatorio.
Además, las audiencias constitucionales deberán resolverse en un máximo de 60 días naturales, y las suspensiones sólo se otorgarán cuando se acredite un daño real, actual y diferenciado, sin posibilidad de efectos generales.
Con esta votación, la Cámara de Diputados concluyó la discusión de una de las reformas más observadas de este periodo ordinario, en espera de que el Senado confirme o modifique los ajustes propuestos. Mientras tanto, el debate sobre los alcances del nuevo régimen de amparo sigue abierto dentro y fuera del Congreso.
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