Diputados federales del PRI advirtieron que la recién aprobada Ley General en Materia de Extorsión podría abrir la puerta a la liberación de hasta 500 delincuentes peligrosos en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las penas actuales son más severas que las contempladas en la nueva legislación.
Durante la discusión en la Comisión de Justicia, el diputado Emilio Suárez Licona solicitó, a nombre de la bancada priista, la realización de parlamentos abiertos para incluir a especialistas, colegios de abogados y autoridades locales en el análisis de la ley. Sin embargo, Morena y sus aliados rechazaron la propuesta.
El diputado Alejandro Domínguez Domínguez alertó que, de aprobarse sin modificaciones, la norma agravará el problema de la inseguridad y podría beneficiar a sentenciados por delitos graves. “Podrían salir libres entre 130 y 150 personas peligrosas tan solo en Chihuahua, lo que significaría más violencia y más víctimas en todo México”, señaló.
El legislador priista también criticó la falta de innovación del proyecto. “Es un copiar y pegar normativo que no aporta nada nuevo. No crea instrumentos reales ni mecanismos financieros que fortalezcan la seguridad. Así, la ley se convierte en un ejercicio de simulación”, afirmó.
Domínguez cuestionó que el artículo 30 de la iniciativa repita disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal sin establecer mecanismos adicionales de apoyo a las víctimas. Además, reprochó que no se definan plazos ni responsabilidades para implementar la Estrategia Nacional contra la Extorsión. “Orden dada, no supervisada, se la lleva la chingada”, expresó, al denunciar que la falta de seguimiento vuelve la norma “una mentira legislativa”.
Los legisladores priistas también advirtieron que la deficiente redacción de las agravantes podría permitir interpretaciones arbitrarias que criminalicen la protesta social. “Una manifestación laboral o una protesta sindical podría ser considerada extorsión”, alertaron.
Finalmente, los diputados Alejandro Domínguez, Emilio Suárez y Arturo Yánez se abstuvieron de votar y llamaron a la mayoría oficialista a corregir el dictamen. “Las prisas hacen cometer errores. No se cierren; déjense ayudar. Queremos fortalecer la seguridad de México, pero eso no se logra con leyes mal hechas ni con decisiones improvisadas. No tienen un cheque en blanco para poner en riesgo a los ciudadanos”, concluyeron.
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