El diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, exhortó al Gobierno de Nuevo León a contratar de manera urgente una póliza estatal contra desastres naturales y a incluir una partida específica para este propósito en el Presupuesto 2026, con el fin de garantizar una respuesta inmediata ante emergencias como huracanes, inundaciones, incendios o terremotos.
Desde la tribuna, el legislador recordó que desde 2022 el Estado no ha renovado su seguro contra desastres, y que la última convocatoria fue declarada desierta. La ausencia de esta cobertura, señaló, se reflejó durante el paso del huracán Alberto en junio de 2024, cuando la atención a los daños fue limitada y tardía.
“La falta de una póliza vigente deja al Estado expuesto y sin una herramienta financiera inmediata para atender los daños provocados por desastres naturales. Esta omisión pone en riesgo tanto la infraestructura pública como el bienestar de miles de familias”, advirtió Morales Rivera.
Agregó que, aunque en el cuarto informe de gobierno se reconoció la necesidad de crear un fondo estatal para desastres naturales, esta medida resulta insuficiente si no se complementa con la contratación de un seguro que brinde cobertura financiera integral.
El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, subraya que tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, las entidades federativas quedaron en situación de vulnerabilidad al carecer de un respaldo económico sólido ante fenómenos naturales.
“Es necesario que se informe por qué no se ha renovado ni vuelto a convocar la contratación de una póliza de seguro desde 2022, y que se incluya en el Presupuesto 2026 una partida específica para su mantenimiento”, expresó el diputado priista.
Morales recordó que la Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos estatales a contar con seguros o instrumentos financieros para atender emergencias, por lo que esta no es una decisión discrecional, sino un deber legal y moral del Ejecutivo.
“No podemos seguir improvisando ante los desastres. Nuevo León necesita una política pública permanente en materia de aseguramiento, que no dependa de la voluntad del gobierno en turno, sino que esté garantizada año con año dentro del presupuesto estatal”, concluyó.
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