Entre reformas legales y cuentas pendientes: México y Nuevo León ante decisiones polémicas
En el ámbito nacional, la reciente modificación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a actos delictivos. Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, propuso reducir las penas de prisión a servidores públicos que, aun con conocimiento de casos de extorsión, no los denuncien ante las autoridades competentes.
Monreal justificó su propuesta señalando que “es muy lógico, es muy sencillo, dice el preopinante, ¿por qué no subimos la pena del presunto delincuente extorsionador a más años y dejamos en diez veinte al funcionario cómplice? Es una posibilidad, pero lo que yo estoy planteando es que voten una propuesta que en el proceso legislativo formal está en su momento de discusión”. Para él, una sanción de cinco a 12 años sería suficiente y proporcional al marco penal internacional, aunque reconoció que la medida todavía requiere revisión del Senado.
La propuesta fue cuestionada por diputados como David Azuara Zúñiga, quien la calificó de ilógica por reducir la pena a funcionarios sin aumentar la de los extorsionadores, y aseguró que “las modificaciones tienen nombre y apellido: Hernán N”, lo recuerdan. Es el detenido hoy por hoy por el caso del huachicol fiscal y que trae vuelto locos a todos los de Morena, incluida a la Señor (A) con mayúscula por que centra este caso en funcionarios de primer nivel de la administración pasada de López Obrador que hasta ahora sigue librando toda acusación de todo índole al igual que la de otros funcionarios y desde luego. Esta discusión pone de relieve la delicada relación entre la aplicación de la ley y la percepción ciudadana sobre la impunidad, y abre la interrogante sobre cómo se equilibran las penas entre responsables directos y servidores públicos negligentes o “bandidos” que se libran fácilmente.
A nivel local, Nuevo León se enfrenta a decisiones financieras que podrían marcar su rumbo en el próximo año. La posibilidad de un nuevo endeudamiento ha motivado que diputados locales pidan reuniones con el Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, para evaluar la capacidad presupuestaria antes de aprobar cualquier solicitud. Carlos de la Fuente Flores (PAN) destacó la importancia de conocer los detalles para no comprometer la deuda futura, mientras que Mario Soto Esquer (Morena) recalcó que el diálogo debe ser transparente y no convertirse en una herramienta de negociación política.
Heriberto Treviño Cantú (PRI ) aseguró que varias dependencias ya han iniciado acercamientos con el Poder Legislativo, y Melisa Peña (MC) coincidió en la necesidad de mantener reuniones con el Estado para analizar el Paquete Fiscal 2026 antes de la entrega oficial, prevista para el 20 de noviembre.
