Ciudad de México.– Aunque no contempla las penas máximas que propuso el Partido Acción Nacional, el diputado federal Víctor Pérez Díaz afirmó que la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa una herramienta clave para combatir este delito que afecta a miles de mexicanos.
“Si con esta herramienta legal el gobierno federal y el sistema de administración de justicia no logran disminuir este delito, estaremos ante un fracaso del Estado”, advirtió el legislador panista.
La ley, avalada por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, busca proteger a víctimas y sectores productivos —como comerciantes, transportistas y empresarios— que suelen ser blanco del cobro de piso.
El nuevo marco legal establece un tipo penal único de extorsión aplicable en todo el país, con penas de seis a quince años de prisión y multas de cien a quinientas veces el valor diario de la UMA, pudiendo alcanzar hasta veinte años en casos agravados.
Pérez Díaz reconoció que, aunque el objetivo es unificar criterios y sanciones, la homologación reduce los castigos más severos que existían en algunos estados, donde las penas llegaban a 40 años.
Además, el Artículo Cuarto Transitorio permite aplicar la ley en beneficio del procesado, lo que podría abrir la puerta a revisiones de sentencias y posibles liberaciones anticipadas.
El legislador enfatizó que la eficacia de esta ley dependerá de su correcta aplicación: “Las víctimas necesitan justicia real, no simulaciones. Si el gobierno no logra contener la extorsión, esta ley se convertirá en letra muerta”.
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