La calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey continúa siendo un riesgo grave para la salud pública, con concentraciones de partículas contaminantes (PM2.5 y PM10) que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la norma mexicana. Con la llegada de los frentes fríos y la inversión térmica, se prevé un deterioro mayor si no se aplican medidas inmediatas.
A pesar de las alertas, el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas no ha sido actualizado ni activado, lo que impide proteger oportunamente a los grupos más vulnerables. Organizaciones civiles señalaron además la falta de autonomía técnica de la Comisión Ambiental Metropolitana, que limita la toma de decisiones basadas en evidencia científica.
Propusieron avanzar hacia una comisión biestatal entre Nuevo León y Coahuila, con participación efectiva de especialistas y universidades. También exigieron actualizar la norma de combustibles (NOM-016) para eliminar la exclusión de la entidad del estándar nacional de gasolina limpia, una omisión que mantiene a la zona metropolitana expuesta a combustibles de baja calidad.
El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, señalaron, sigue con estaciones fuera de servicio y datos incompletos. Sin transparencia ni información verificable, advirtieron, no puede haber política ambiental efectiva.
A este panorama se suma la preocupación de la sociedad civil por el retraso en la entrega de apoyos económicos por parte del Gobierno del Estado. Consejo Cívico informó que aún faltan por liberar más de 101 millones de pesos de los 229 millones aprobados para 162 organizaciones, lo que equivale al 44 por ciento de los recursos comprometidos en la Ley de Egresos.
Varias asociaciones reportan afectaciones directas en sus programas comunitarios, educativos y de atención social debido a la falta de liquidez, pese a tener contratos firmados y facturas emitidas.
Consejo Cívico reconoció el papel de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el fortalecimiento del sector, pero advirtió que el incumplimiento en la entrega de fondos pone en riesgo la sostenibilidad de las organizaciones.
Las agrupaciones pidieron al Gobierno estatal cumplir con los compromisos adquiridos y establecer un esquema de colaboración corresponsable que permita avanzar hacia un Nuevo León más justo, solidario y sostenible, con aire limpio, rendición de cuentas y apoyo real a la sociedad civil.
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