Nuevo León ha dado pasos importantes en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, pero el desafío hoy es garantizar la continuidad de las políticas de fomento, el cumplimiento de los recursos comprometidos y la consolidación de espacios permanentes de participación ciudadana.
Según el Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2023, el estado ocupa el primer lugar nacional gracias a su marco institucional, los programas de fomento y la apertura al diálogo entre gobierno y organizaciones.
Durante 2025, la administración estatal ha impulsado instrumentos inéditos en el país, como la construcción participativa del primer Plan Estatal de Fomento —una hoja de ruta común y de largo plazo— y la reforma a la Ley Estatal de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, actualmente en proceso de aprobación. Esta reforma amplía el reconocimiento de redes y nuevas formas de organización comunitaria, y fortalece al Registro Estatal de Organizaciones como herramienta de planeación y transparencia.
Estos avances reflejan una visión de corresponsabilidad: el gobierno genera condiciones y certidumbre, mientras que las organizaciones aportan conocimiento especializado y acción territorial. Iniciativas como Hambre Cero Nuevo León, la Red de Cuidados, los programas de atención a mujeres sobrevivientes de violencia y los proyectos de sostenibilidad ambiental y movilidad son ejemplo del impacto social alcanzado.
Desde Consejo Cívico se reconoció que el propio Gobierno del Estado ha señalado a la sociedad civil como un actor estratégico para el desarrollo de Nuevo León. No obstante, se subrayó que para materializar esta visión se requiere consolidar espacios permanentes de participación e incidencia, donde las organizaciones no solo ejecuten programas, sino también participen en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
El organismo ciudadano advirtió que los avances normativos y de planeación deben traducirse en una implementación efectiva. Recordó que el cumplimiento de los apoyos económicos previstos en la Ley de Fomento y en la Ley de Egresos es una obligación legal y moral, no un acto discrecional. La entrega oportuna de estos recursos es clave para asegurar la continuidad de los proyectos comunitarios, educativos y sociales que impactan directamente en las comunidades.
Consejo Cívico hizo un llamado al Gobierno de Nuevo León a mantener y fortalecer el trabajo conjunto con las organizaciones civiles, cumplir puntualmente con los compromisos financieros asumidos y consolidar una política de Estado que garantice corresponsabilidad, participación y transparencia en beneficio de todas y todos los neoleoneses.
eitmedia.mx
