El Instituto de la Vivienda de Nuevo León presentó la Cabina Virtual de Denuncias CODE y firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Defensoría Pública, con el fin de fortalecer la atención a casos de invasión de predios, fraude patrimonial y conflictos legales que afectan a familias en situación vulnerable.
El acuerdo contempla una mesa permanente para revisar carpetas de investigación, así como el intercambio de información entre instituciones y la puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permitirá presentar denuncias de forma inmediata a través de un módulo virtual. La Fiscalía y la Defensoría Pública también se integrarán al programa “Fomerrey Contigo” para brindar asesoría jurídica, con especial atención a mujeres víctimas de violencia patrimonial o económica.
Durante la presentación, el director general del Instituto de la Vivienda y Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, subrayó la relevancia de la coordinación institucional para resolver de manera ágil los casos de invasión de viviendas y conflictos patrimoniales. Recordó que Fomerrey, con 52 años de historia, ha dado hogar a más de 217 mil familias en 480 colonias, y destacó los esfuerzos para combatir fraudes, usurpaciones y falsificación de documentos relacionados con predios.
“Muchas de las víctimas de estos ilícitos son mujeres, afectadas por violencia patrimonial y económica”, señaló Montiel, quien reconoció el respaldo de la Secretaría de las Mujeres y del gobernador Samuel García al nuevo esquema de colaboración.
La Cabina Virtual de Denuncias permitirá que agentes del Ministerio Público atiendan casos en tiempo real desde las oficinas de Fomerrey, acercando los procesos a la ciudadanía y evitando traslados innecesarios.
Luis Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, afirmó que el convenio responde a la visión de transformar la procuración de justicia hacia un modelo más eficiente y cercano, enfocado en combatir delitos como despojo, fraude y violencia patrimonial.
Carlos Manuel Cuevas Martínez, director del Instituto de la Defensoría Pública, destacó que este esfuerzo conjunto agilizará procedimientos legales y permitirá la recuperación de viviendas para sus legítimos dueños. “En Nuevo León, la justicia y la certeza patrimonial no son privilegios, son derechos”, puntualizó.
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