El fallo de la Suprema Corte que cerró la puerta a los argumentos de Grupo Salinas desató una respuesta inmediata y frontal por parte del conglomerado, que acusa al máximo tribunal de actuar al servicio del poder político y de avalar una violación abierta a sus derechos humanos. En su postura pública, la empresa sostiene que la decisión del pleno fue dictada “al pie de la letra” por el Ejecutivo Federal y que los ministros renunciaron a su deber de impartir justicia.
El comunicado describe a la actual integración del tribunal como una Corte impuesta mediante una reforma judicial “autoritara”, surgida de un proceso en el que —según el texto— participó menos del ocho por ciento del electorado. Bajo esa narrativa, la resolución se interpreta como la culminación de un proceso cuyo objetivo sería eliminar contrapesos y someter instituciones.
El grupo afirma que los ministros omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico del caso y desatendieron lo que califica como un acoso político sostenido por más de una década. En esa línea, mencionan doce años de litigios, cientos de referencias en conferencias matutinas y campañas de desprestigio y hostigamiento contra su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Añaden que tampoco hubo cuestionamientos internos al posicionamiento enviado desde Palacio Nacional, ni atención a lo que consideran un sesgo de ministras cuya imparcialidad, afirman, está comprometida.
Ante el escenario creado por la resolución, Grupo Salinas adelantó que llevará el caso a instancias nacionales e internacionales para buscar la protección plena de sus derechos, denunciar lo que consideran cobros dobles e inconstitucionales y exhibir lo que describen como una persecución política impulsada por el gobierno federal. También señaló que siguen a la espera de una respuesta del SAT para precisar el monto de sus créditos fiscales, asegurando que el silencio administrativo confirma la motivación política detrás del caso.
La postura del grupo advierte, además, que el impacto de esta determinación rebasa a la compañía y coloca en riesgo a trabajadores, empresas y ciudadanos, al validar —según su interpretación— cobros inmorales y sin garantía de defensa real. El mensaje también alerta sobre un deterioro en la confianza empresarial y en la certidumbre para invertir en México, al considerar que las reglas pueden cambiar dependiendo del destinatario.
El posicionamiento concluye reiterando que están dispuestos a cubrir lo que consideren justo, pero no a aceptar lo que califican como presiones ilegales. Afirman que seguirán adelante por su plantilla laboral, sus clientes y su derecho a expresarse, subrayando que no cederán ante las decisiones que impugnan: “Aquí estamos y aquí seguiremos”.
Con información de https://www.gruposalinas.com/
Foto: Tomada de https://x.com/SCJN
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