La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del PT, impulsó una propuesta de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la intención de que los elementos policiales, tanto operativos como administrativos, se sometan de manera periódica a exámenes de control de confianza, médicos, toxicológicos y psicológicos como requisito de ingreso y permanencia.
La iniciativa añade el artículo 48 Bis y modifica los artículos 77 y 87, para que las evaluaciones psicológicas se realicen con regularidad y permitan garantizar estabilidad emocional, idoneidad y aptitud en el servicio. El planteamiento sostiene que estas pruebas deben aplicarse al menos una vez cada doce meses o con mayor frecuencia cuando las tareas asignadas o los resultados obtenidos así lo requieran.
El documento, enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, establece que dichos procesos tendrán carácter confidencial y preventivo, y deberán integrarse al expediente profesional sin vulnerar derechos laborales o humanos. La legisladora advierte que el desgaste psicológico al que se enfrentan los cuerpos policiales puede detonar decisiones impulsivas, uso excesivo de la fuerza, desmotivación e incluso problemas en el entorno familiar.
Aunque la ley vigente contempla mecanismos de control de confianza, se subraya que las evaluaciones psicológicas se aplican de forma inicial o reactiva, pero no con un enfoque preventivo y sostenido. La propuesta recuerda que, según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial de 2017, elaborada por el Inegi, el 75.3 por ciento de los policías operativos declaró haber usado la fuerza en su trabajo.
A ello se suma el registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes estatales, que en 2022 documentaron 54,248 quejas por presuntos actos de brutalidad cometidos por instituciones de seguridad pública, personal del Ejército o de la Marina.
Ante estas cifras, la legisladora señala que las evaluaciones periódicas resultan indispensables para identificar y atender de manera oportuna afectaciones emocionales o conductuales que puedan poner en riesgo a la ciudadanía o al propio elemento.
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