Penas más duras por extorsión; mientras tanto Canadá advierte sobre viajar a México
El Senado aprobó un paquete para endurecer las sanciones por extorsión, con castigos que ahora se miden en décadas de prisión. El delito básico quedó establecido con penas de 15 a 25 años. Cuando la extorsión se agrava —por cobros continuos, por atacar a comerciantes o a grupos vulnerables, por usar datos personales o medios electrónicos, o por recurrir a terceros— las condenas se elevan y pueden alcanzar entre 19 y 37 años. En los casos más graves, como cuando hay violencia física, uso de armas, participación de menores, servidores públicos implicados o daños a comunidades, las penas previstas llegan hasta 31 o incluso 42 años.
Además de aumentar los años de cárcel, la reforma castiga a quienes faciliten los delitos, a servidores públicos que omitan denunciar o divulguen información confidencial, y pone controles para bloquear comunicaciones desde los penales, uno de los principales puntos de origen de las extorsiones telefónicas. También obliga a las fiscalías a crear unidades especializadas para investigar este tipo de delitos, con personal capacitado y criterios homogéneos a nivel nacional.
Son medidas fuertes en el papel y necesarias para cerrar vacíos legales; sin embargo, su eficacia dependerá de lo que pase después: sin jueces, policías y fiscalías realmente preparados y sin un control serio en los centros penitenciarios, las nuevas penas correrán el riesgo de quedarse como una solución sólo retórica. Endurecer sanciones es útil, pero no sustituye la mejora operativa que el país requiere para investigar, proteger a las víctimas y desarticular redes.
Mientras el país discute estas reformas, llegó otro signo de alarma desde el exterior. El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en México; en muchos estados recomendó evitar desplazarse por la violencia y la presencia de grupos criminales, advirtiendo que los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad pueden ocurrir sin previo aviso. Que otro país publique una lista de zonas a evitar no es sólo un dato diplomático: es una señal clara de cómo perciben el riesgo allá afuera.
