Campesinos y transportistas paralizaron gran parte del país con una jornada de protestas que dejó bloqueos en carreteras, aduanas y accesos a ciudades clave. Las movilizaciones alcanzaron 65 puntos carreteros y siete cruces fronterizos en 19 estados, un despliegue que dejó sin clases a miles de alumnos, complicó traslados médicos y afectó la operación de múltiples rutas de transporte. La protesta nacional fue convocada por el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano y por la Alianza Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga, quienes exigen al gobierno federal mejores condiciones de seguridad, operación y apoyo para sus sectores.
La protesta fue inmediatamente descalificada por el gobierno federal. Desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atribuyó motivaciones políticas a los dirigentes. “Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI y pertenecen al PAN”, afirmó al señalar que no existe razón para mantener bloqueos ni manifestaciones, pues las autoridades aseguran que el diálogo está abierto. La funcionaria agregó que se había convocado a una reunión con los inconformes a la una de la tarde, pero que los representantes no acudieron.
La ANTAC rechazó cualquier intención partidista en su protesta y respondió con un mensaje que resume el malestar que detonó las movilizaciones. “Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, dijo la organización en un comunicado. Los grupos campesinos advirtieron que los cierres podrían mantenerse de manera indefinida.
La magnitud del bloqueo fue documentada por Organización Editorial Mexicana, que confirmó afectaciones en Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Durango y Jalisco. En esta última entidad, la Universidad de Guadalajara suspendió clases en varios centros regionales por la imposibilidad de alumnos y maestros de llegar a las aulas. En Querétaro, ocurrió lo mismo en el Instituto Santiago, en San Juan del Río.
El Estado de México fue la zona más golpeada, con catorce cierres totales o parciales desde primera hora. El bloqueo en la carretera México–Toluca desbordó el Tren Insurgente, que vio multiplicarse los tiempos de espera debido a la saturación de usuarios que intentaban llegar a la capital. La Ciudad de México prácticamente quedó rodeada por bloqueos en los accesos provenientes de Toluca, Querétaro, Pachuca, Cuernavaca y Puebla, lo que dificultó la movilidad durante gran parte del día.
Las historias de afectaciones se replicaron en el país. En Durango, Erika Frayre relató que perdió una cita médica crucial para su hijo con Síndrome de Down en el CRIT de Gómez Palacio después de años en lista de espera. “Era su primera cita después de tres años que habíamos metido papeles”, dijo a El Sol de Durango al explicar que los retrasos derivados del bloqueo Durango–Torreón le impidieron llegar. En otros estados como Jalisco, Sinaloa y Puebla, los manifestantes tomaron cinco puntos carreteros; en Guerrero y Michoacán fueron cuatro, y en el resto entre uno y tres.
El sector transportista intentó advertir a los usuarios desde la noche previa. Varias líneas pidieron reprogramar viajes, entre ellas Tufesa en Sinaloa y Transpaís en Tamaulipas. En Guerrero, productores que tenían tomada la caseta de Palo Blanco optaron por regalar fruta a los automovilistas detenidos. “En vez de que se lo regalemos a Walmart, se lo regalamos a ustedes”, dijo uno de ellos mientras repartía naranjas y pepinos entre los vehículos varados.
El impacto alcanzó también las fronteras. Los campesinos extendieron su protesta a los cruces con Estados Unidos y bloquearon las aduanas de Matamoros, Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas; Nogales y Sonoyta en Sonora; así como el puente Zaragoza en Ciudad Juárez. Desde ese punto, Eraclio Yako Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Desarrollo del Campo Mexicano, advirtió que las protestas seguirán hasta que exista diálogo real. Sostuvo además que el país enfrenta una amenaza creciente. “La crisis del campo es política pública, no política partidaria”, afirmó al advertir que México podría estar a un año de comenzar a importar tortilla de maíz debido a la caída de la producción nacional.
Rodríguez insistió en que los productores viven una situación límite. “Nos sentimos muy preocupados porque ninguna actividad actual resuelve el problema de los precios. No hay un control y así vamos directo a una crisis alimentaria fuerte. No queremos ser corresponsables de ver a la gente con hambre”, declaró. Enfatizó que, si no se corrige el rumbo, la siembra dejará de ser viable para miles de familias rurales.
Desde la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué negó que el Gobierno federal mantenga negociaciones meramente para ganar tiempo. Defendió que los apoyos y acuerdos representan inversiones millonarias para los productores y cuestionó la narrativa de abandono hacia el campo. “¿Eso es atole con el dedo o no?”, respondió al señalar que los ingresos actuales de muchos agricultores superan los que tendrían en condiciones normales de mercado. Ante los señalamientos sobre la falta de precios justos, argumentó que los compromisos del T-MEC impiden restringir importaciones, aunque aseguró que el Gobierno ha intervenido en bases de comercialización para cubrir costos de producción.
Información tomada de Organización Editorial Mexicana (El Sol de México y sus filiales).
Foto: ANTAC
eitmedia.mx
