
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, cuestionó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, haya atribuido motivaciones políticas a los bloqueos carreteros realizados por productores y transportistas, y advirtió que el Gobierno federal está ignorando un problema de seguridad que calificó como grave y cotidiano.
En declaraciones a medios, el legislador lamentó que la titular de Segob “no se dé cuenta del enorme reclamo que hay en el país por los asaltos y robos en las carreteras”, además del descontento generado por la nueva Ley de Aguas que Morena busca aprobar. Aseguró que tratar de reducir las protestas a un asunto partidista “minimiza el clamor social”.
Moreira señaló que se estima que cada día ocurren alrededor de 70 asaltos contra transportistas y que hay tramos del país en los que transitar se ha vuelto de alto riesgo. Criticó que el Gobierno federal no esté dando atención a estas denuncias y, por el contrario, busque politizar el descontento.
Pidió al Gabinete de Seguridad acudir a la Cámara de Diputados para dialogar sobre la situación en carreteras y exigió que la Secretaría de Gobernación utilice sus áreas de inteligencia para servicio del país y no con fines partidistas. Afirmó que el PRI respaldará las exigencias de los ciudadanos afectado por la inseguridad y las decisiones legislativas en curso.
Sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales, el diputado sostuvo que existe molestia en diversos sectores debido a modificaciones que calificó como un “engaño”, además de que los foros realizados estuvieron prácticamente vacíos. Criticó que la Cámara se haya convertido en “ventanilla” del Ejecutivo y Judicial, votando reformas sin discusión de fondo ni reflexión.
Aseguró que la propuesta de Morena busca centralizar, controlar y penalizar, pues contempla que las concesiones de agua se conviertan en temporales, lo que implica que un terreno pueda quedarse sin agua en un plazo de 15 años.
En cuanto a la minuta sobre extorsión aprobada por el Senado, que incluye sanciones a medios de comunicación, Moreira explicó que su bancada apoyó la reforma en lo general, pero rechazó ese apartado. Señaló que el país requiere medidas contra la extorsión, pero advirtió que el dictamen generaliza competencias, excluye a estados de la discusión, no prevé presupuesto y abre la puerta a sanciones que considera un riesgo para la libertad de expresión.
El priista expresó preocupación ante la posibilidad de que Morena busque aprobar la reforma por vía rápida en la Cámara de Diputados, sin revisar sus implicaciones. Aseguró que eso equivaldría a “una mordaza” para medios críticos.
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