Tres síntomas del país: cobros injustificados, cárceles que mandan y un empresario que no era lo que parecía
Tres asuntos que estallan al mismo tiempo y ayudan a entender por qué tantas cosas en este país funcionan al revés. El primero: por fin alguien en el Congreso se atrevió a cuestionar el cobro de IVA aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuerto, un cargo que millones de pasajeros pagan sin saber realmente por qué deben gravar con impuesto un servicio que ni usaron o que ni siquiera depende de ellos. El segundo: la confirmación legislativa de que la mayoría de las llamadas de extorsión salen de las cárceles, lo que deja en evidencia una estructura penitenciaria que opera más como central telefónica criminal que como centro de readaptación. Y el tercero: el caso del empresario ligado a Miss Universo que terminó bajo una orden de aprehensión, un personaje que, detrás de la fachada de negocios globales, ocultaba presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el primer punto, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar abrió un debate necesario: eliminar el IVA de la TUA para que los boletos de avión dejen de inflarse por un impuesto que no tiene justificación práctica. Su propuesta incluye además la devolución inmediata de la tarifa cuando el pasajero no usa el vuelo, una medida que, si se aprueba, significaría un respiro para el bolsillo de quienes padecen los costos variables y abusivos de un mercado aéreo limitado y caro. Es un recordatorio de que no todo debe tributar por costumbre y de que el Estado debe revisar los cobros que ya no responden a ninguna lógica más que recaudar por recaudar.
En el segundo tema, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra los Delitos de Extorsión, con penas que alcanzan hasta 42 años de prisión y reglas estrictas para los centros penitenciarios. La pieza clave del dictamen es la aceptación de una verdad que todos conocen y que durante años fue ignorada: la mayoría de las extorsiones telefónicas provienen de internos que jamás deberían tener un celular en las manos. La nueva legislación castiga no solo a los delincuentes que operan desde prisión, sino también a los funcionarios que permiten la entrada de dispositivos o que, por omisión, facilitan el delito. Por primera vez se colocan responsabilidades claras a quienes deberían mantener cerradas esas puertas. Y aun así, queda la pregunta: ¿qué tan vigilado está un sistema donde un interno puede extorsionar como si trabajara en un call center?
El tercer tema completa el cuadro. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl “N”, copropietario de la franquicia Miss Universo, por presuntos vínculos con la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones detallan esquemas de tráfico de combustible, armas y uso de empresas fachada; todo operado en paralelo a su participación en un certamen internacional que presume glamour y escaparates globales. Mientras las autoridades siguen el rastro, el empresario simplemente no aparece. Lo buscan investigadores, pero no así de rápido quienes normalmente presumen eficiencia cuando les conviene. La polémica incluso rozó el logro histórico de Fátima Bosch, la mexicana en ganar Miss Universo, cuyo triunfo terminó manchado.
