Organizaciones del campo retomaron el diálogo con el Poder Legislativo para intentar que sus principales demandas sean incorporadas en la próxima Ley de Aguas. De acuerdo con Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el acercamiento se ha dado con diputadas y diputados de Morena, PT y PRI, y se busca sumar también al PAN con el fin de construir un acuerdo amplio entre todas las fracciones.
Rodríguez explicó que el objetivo es lograr una ley que refleje los planteamientos del sector rural. Señaló que “hemos platicado con los diputados de Morena, a través de su coordinador, el diputado (Ricardo) Monreal; hemos platicado con los diputados del PT, ahí con Reginaldo Sandoval; con los diputados del PRI, con el diputado Domínguez, y queremos buscar también a los diputados del PAN para platicar con ellos y poder tener un consenso de todas las fracciones parlamentarias”. Aseguró que cuentan con la disposición para impulsar una norma aprobada por consenso, siempre que “se escuchen a todas las partes y se vean reflejados todos ahí”.
El dirigente advirtió que el movimiento campesino no se retirará de los puntos de protesta mientras no exista certeza de que sus planteamientos serán incorporados. Expresó que “si esto no sucede, que se incorporen todas las peticiones en la ley, nosotros estamos en la frontera, ahí a un lado de los puentes están los tractores, los compañeros, estamos todos y no vamos a desactivar, hasta en tanto se atiendan y nosotros tengamos mucha claridad de que las cosas van a suceder”.
Tras reunirse con medios de comunicación, indicó que analizarán las consideraciones que las y los legisladores están privilegiando, ya que “no a todos los diputados les ha tocado vivir la vida que nosotros vivimos y en ese sentido creo que se pueden equivocar”. Llamó al Congreso a mantener abierta la interlocución y reiteró que permanecerán en vigilancia del proceso: “nosotros vamos a estar aquí hasta el día que se vote la ley, vamos a estar al pendiente, pero tampoco nos vamos a retirar de los puentes, si nosotros vemos peligro y riesgos nos subimos a las carreteras y a los puentes y cerramos todo”.
Aclaró que no existe oposición a la iniciativa, aunque advirtió que “no vamos a permitir que los planteamientos fundamentales de nosotros no aparezcan en la ley”. Precisó que no buscan intervenir en temas industriales, sino asegurar que “agricultores, ganaderos, fruticultores, la gente del campo” tengan garantizado el acceso y derecho al agua sin penalizaciones.
Rodríguez consideró que el mayor obstáculo se encontraba en el Ejecutivo federal, pero sostuvo que no pretenden modificar de manera sustancial la propuesta original. “Por ejemplo, el tema de la retroactividad, eso sí lo teníamos que plantear”, dijo. También explicó que no se oponen a los cambios administrativos propuestos, ya que estos no afectan la participación de los productores en los distritos de riego.
Sin embargo, sí ven riesgo en la falta de reconocimiento de los alumbramientos que se utilizan actualmente en el campo. “Eso es lo que tenemos que garantizar”, afirmó. Entre las peticiones detalló el reconocimiento de pozos ganaderos y de agua potable para ejidos y comunidades, la posibilidad de heredar concesiones, su transmisión y la relocalización de pozos abatidos.
Agregó que existe un acuerdo para eliminar los delitos y mantener únicamente sanciones, pero con un enfoque menos punitivo. Dijo que “las sanciones les da otro tratamiento, es otra forma de castigo, no es con la persecución, la cárcel. O sea, por lo menos que no nos tengan la guillotina en el cuello”.
Con el avance de las negociaciones, las organizaciones campesinas esperan que el proceso legislativo concluya con una norma que garantice seguridad jurídica y operativa para quienes dependen del agua para producir en el país.
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