A partir de este sábado comenzará a aplicarse la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política, luego de que el decreto correspondiente fuera publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
La norma fue avalada el 28 de octubre por la Cámara de Diputados con 456 votos a favor en lo general, y posteriormente enviada al Senado, donde recibió modificaciones y fue aprobada el 19 de octubre. La minuta regresó a San Lázaro y quedó ratificada el pasado 25 de noviembre.
Esta legislación surge del análisis de una iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que se sumaron once propuestas de diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT. Con ella se cumple la reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general que defina el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.
El ordenamiento establece la distribución de competencias y los mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión y delitos relacionados. Incluye un tipo penal básico aplicable en todo el país, así como las sanciones y agravantes correspondientes.
También fija reglas y procedimientos para la investigación y la ejecución de sanciones, y contempla acciones, programas y políticas que las instituciones deberán implementar dentro de sus atribuciones para fortalecer la prevención de este delito.
Además, la ley incorpora reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de armonizar el nuevo marco jurídico en materia de extorsión.
Con su entrada en vigor este sábado, inicia la aplicación formal de una normatividad que centraliza criterios y busca cerrar espacios a una de las prácticas delictivas que más afectan a la ciudadanía y a los sectores productivos del país.
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