La diputada Bere Martínez, vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena, pidió a la Secretaría de Educación de Nuevo León informar sobre los resultados del Protocolo para la prevención, atención y no repetición de la violencia sexual en planteles de educación básica, al considerar indispensable conocer su alcance real y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora exhortó a la dependencia estatal a garantizar que el documento se difunda adecuadamente entre estudiantes, personal docente y familias, con el objetivo de que todas las comunidades escolares conozcan la manera en que deben actuar ante posibles casos de agresión. Además, solicitó que, en caso de no contar con dicho instrumento actualizado, se inicien de inmediato los trabajos para su elaboración.
Martínez señaló que la violencia sexual dentro de los centros educativos representa una grave violación a los derechos humanos, no solo por el daño directo a las víctimas, sino porque rompe la confianza en espacios que deberían caracterizarse por su seguridad y ambiente formativo. “La violencia sexual en el ámbito escolar representa una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos, particularmente porque ocurre en un espacio que, por definición, debe ser seguro, formativo y protector. Cuando se quebranta ese entorno, no sólo se pone en riesgo la integridad de las víctimas, sino también se erosiona la confianza de toda la comunidad en el sistema educativo”, indicó.
La diputada recordó que en Nuevo León existe desde 2021 una guía y protocolo para atender casos de abuso sexual infantil, acoso, maltrato y suicidio, aunque subrayó que no se tiene certeza de si este material es suficiente ni si se encuentra totalmente alineado con los lineamientos federales en materia de protección a menores. “Responde a una preocupación legítima, urgente y profundamente sentida por madres, padres, docentes y, sobre todo, por las niñas, niños y adolescentes que asisten día a día a nuestras escuelas”, sostuvo.
Martínez afirmó que las escuelas deben consolidarse como espacios seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de violencia, y que para ello se requiere que el Estado cumpla plenamente con sus responsabilidades en prevención, atención y erradicación de conductas que vulneren a niñas, niños y adolescentes.
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