La discusión de la nueva Ley de Aguas abrió un choque frontal entre el PRI y Morena, mientras productores del país advierten que, aun con ajustes recientes, persisten disposiciones que podrían afectar al sector agrícola.
Desde la bancada priista, Rubén Moreira acusó que Morena pretende llevar el dictamen al Pleno sin cumplir la consulta obligatoria a los pueblos originarios. Señaló que el proyecto viola el artículo 2 constitucional y acusó engaños hacia los productores al incluir disposiciones que prohíben la transmisión de derechos de agua vinculados a concesiones. Agregó que varias sanciones incluidas en el dictamen terminan criminalizando a campesinos y recordó que su partido realizó foros en diversas entidades para escuchar a los sectores afectados.
Humberto Ambriz sostuvo que Morena tiene una ruta definida para aprobar la ley sin incorporar los cambios pactados, mientras César Alejandro Domínguez advirtió que la prohibición de transmitir derechos de agua perjudicará a quienes heredan o transfieren sus bienes. Leticia Barrera alertó que el dictamen trae riesgos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria, además de haber sido construido sin debate suficiente en la comisión dictaminadora.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, respondió que el proceso legislativo apenas inicia y que ya se modificaron 50 puntos de la iniciativa original. Afirmó que Morena presentará nuevas reservas y que no habrá una sola disposición que afecte a los productores. Reiteró que se busca ordenar concesiones, impedir abusos de acaparadores y garantizar el derecho humano al agua. Llamó a no adelantar movilizaciones y pidió evaluar el dictamen una vez concluida su revisión.
Productores agrícolas también fijaron postura. Alberto de Santiago, representante de áreas agrícolas y pecuarias de Zacatecas, afirmó que aunque hubo cambios, la propuesta aún contiene aspectos injustos. Señaló que el dictamen original “criminalizaba y agredía” al campo y pidió que se incorporen las propuestas que han presentado. Aseguró que no representan a ningún partido y que su presencia frente al Congreso busca diálogo, no confrontación.
Entre sus demandas principales está endurecer la vigilancia contra industrias que contaminan el agua y construir una ley que proteja todo el proceso productivo del campo. También pidió regulación de precios para garantizar ingresos justos, al señalar que la estabilidad económica es clave para que las familias rurales puedan trabajar en paz.
El representante recordó que el sector primario sostiene la vida cotidiana del país y llamó al Congreso a actuar con visión de futuro. “La columna vertebral del mundo somos los productores”, señaló, al pedir una ley que dé certeza y permita avanzar hacia una mejor organización del uso del agua en México.
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