Víctor Flores García
Ciudad de México.- México atraviesa una grave crisis de desapariciones de personas, y le urge adoptar medidas más allá de la militarización para proteger derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias, dijo a la Agencia Sputnik la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en el país, Edith Olivares Ferreto.
“México atraviesa una crisis acelerada de desapariciones, porque el país registra 133.558 personas desaparecidas, y cada día desaparecen aproximadamente 40 personas”, dijo la responsable de la organización internacional en entrevista con esta agencia.
La defensora de derechos humanos conversó vía telefónica con Sputnik mientras realizaba una inspección in situ de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco (centro-oeste), donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entrenaba a jóvenes sicarios, y también asesinaba a quienes se resistían.
“Esta cifra no es solo un número, representa vidas afectadas, no solo las víctimas sino también sus familias, amistades y comunidades”, subraya la socióloga, con una experiencia de 25 años de investigación aplicada a derechos humanos.
La experta en políticas públicas, que dirige el capítulo mexicano de AI desde 2021, analiza la grave crisis de desapariciones y enfatiza la urgencia de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Al respecto, considera que ese mecanismo internacional es “una oportunidad para que la comunidad internacional colabore con el Estado y la sociedad mexicana” ante un problema que las autoridades se resisten a reconocer.
“La negación oficial por parte del Estado mexicano constituye una forma de violencia institucional contra las familias de las víctimas”, lamenta la responsable de la organización internacional fundada en 1961 en Londres, Reino Unido.
MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA
Olivares Ferreto cuestiona un proceso que define como “militarización de la seguridad pública”, centrada en la Guardia Nacional desde 2019, integrada por antiguos efectivos militares y casi 90 por ciento de mandos provenientes de la Fuerzas Armadas y la falta de políticas efectivas para prevenir y erradicar las desapariciones.
“Ha desaparecido más del 90 por ciento de las personas registradas en las últimas dos décadas, en paralelo con un proceso creciente de militarización de la seguridad pública”, señala la experta.
Los informes elaborados por Amnistía indican que, actualmente, la Guardia Nacional forma parte de las Fuerzas Armadas, y se ocupan de la seguridad pública, a pesar de que los estándares internacionales indican todo lo contrario.
“Esta militarización está vinculada directamente a las desapariciones y a un aumento general de la inseguridad, incluyendo homicidios y agresiones a periodistas y colectivos buscadores de personas”, deplora la defensora de víctimas.
Con casi cinco años de experiencia al frente del capítulo mexicano de AI, asegura que las estrategias del Estado han sido “insuficientes y erróneas”, perpetuando así la crisis que el país latinoamericano enfrenta en la falta de protección de derechos fundamentales.
“Es probable que todas las personas en México tengan algún familiar desaparecido o conozcan a alguien en esa situación. La activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada representaría un reconocimiento internacional de esta crisis y abriría una puerta para la colaboración entre la comunidad internacional, el Estado mexicano y la sociedad civil”, estima la entrevistada.
En efecto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, en inglés), integrado por 10 expertos independientes de la ONU, con sede en Ginebra, activó este año por primera vez el artículo 34 para México, para abrir una investigación sobre “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma “generalizada o sistemática” en un Estado firmante.
“Sería una oportunidad para sumar esfuerzos, no un castigo ni un cuestionamiento al Estado mexicano”, considera Olivares Ferreto.
NEGACIÓN DE ESTADO
Los representantes estatales de México ante la ONU rechazaron la idea de que la desaparición forzada sea generalizada o sistemática en su país.
“Niegan que exista desaparición forzada, y esto es grave porque la convención la define claramente como actos en los que agentes del Estado participan directamente o colaboran con agentes privados, y en México se dan ambos casos”, sostiene la responsable de Amnistía.
En un recuento, la especialista explica que no sólo organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta tragedia, sino que el mismo Estado del país norteamericano ha investigado y sancionado a agentes estatales involucrados.
“Por ejemplo, agentes municipales y estatales están siendo investigados por una fosa clandestina en el Rancho Izaguirre en Jalisco, y sabemos del involucramiento del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desde 2014”, cita como ejemplos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales denuncian que la negación oficial de las desapariciones forzadas no solo impide avanzar, sino que es una forma de “violencia institucional” contra las familias de las víctimas.
“La ausencia de reconocimiento oficial dificulta trabajar en prevención, porque en México no hay una política de Estado, ni una estrategia clara para erradicar las desapariciones, aunque tenemos leyes e instituciones, su implementación y el presupuesto son insuficientes”, argumenta.
La defensora de las víctimas indica que sus familias han luchado para que exista una normativa y apoyos de las autoridades, pero que el Estado mexicano frecuentemente modifica leyes o recursos sin consultarlas, lo que limita el avance.
“El enfoque institucional ha sido indolente y marcado por la violencia institucional, con escasa dotación presupuestaria para identificar o localizar a las personas desaparecidas. No contamos ni siquiera con un diagnóstico claro del fenómeno, como edad, sexo o circunstancias de las desapariciones”, deplora la directiva de AI.
Ante ese dilema, la defensora recuerda que resolver un problema exige primero reconocerlo.
“Negar la desaparición forzada y minimizar su dimensión sólo perpetúa el daño a las víctimas y sus familias: el artículo 34 debe verse como una oportunidad para abrir canales de colaboración y apoyo internacional, y para fortalecer la respuesta nacional”, enfatiza.
Para las personas expertas de la organización, sin un reconocimiento ni voluntad política real, el problema solo seguirá creciendo y afectando a toda la sociedad mexicana.
SALIR DEL LABERINTO
Cuando se le pregunta sobre la salida a este callejón, la experta plantea cuatro recomendaciones, y que el primer paso es poner fin a la militarización y en cambio fortalecer instituciones civiles.
“Es prioritario reducir la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y devolver la responsabilidad a las instituciones civiles”, plantea.
Este paso implicaría reformar las leyes establecidas mediante controvertidas reformas constitucionales, para limitar la participación de los militares en tareas de seguridad pública.
“Se debe crear una Guardia Nacional plenamente civil y reforzar las policías estatales y municipales, dotándolas de recursos, capacitación y presupuestos adecuados para garantizar su operatividad y protección de derechos humanos”, propone.
La segunda recomendación apela al reconocimiento y atención integral del fenómeno de las desapariciones de personas.
“El Estado debe aceptar públicamente la existencia de la desaparición forzada y diseñar un plan nacional de búsqueda, con un diagnóstico detallado del perfil de las víctimas, condiciones de desaparición y zonas de mayor incidencia”, propone.
Explica que este factor requiere destinar recursos suficientes para identificar, localizar y garantizar justicia a las víctimas, además de fortalecer las instituciones especializadas en la materia, como las fiscalías y comisiones de búsqueda.
El tercer elemento necesario en este enfoque es garantizar transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
“Es fundamental garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas en casos de desapariciones, con participación activa de las víctimas y sus familias”, prosigue.
Para AI, la implementación de mecanismos de supervisión internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puede fortalecer estos procesos.
Además, considera imperativo “sancionar con aplicación estricta de la ley a los responsables, incluyendo agentes del Estado, y garantizar la reparación integral a las víctimas y sus familias”.
Finalmente, Olivares indica que la participación de la sociedad civil y víctimas es indispensable ante la dimensión del problema.
“Las políticas públicas deben ser diseñadas y supervisadas con la participación activa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, enfatiza.
Una frase que resume la conversación queda sonando, ante la necesidad de que las madres y las familias de las víctimas estén presentes en todas las decisiones y cambios institucionales: “¡Sin nosotras no!”
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los primeros 11 meses del Gobierno de la presidenta Sheinbaum se reportaron 13.520 víctimas, mientras que en el primer año del anterior sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue de 8.665 casos, un aumento de casi 60 por ciento. (Sputnik)
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
Foto: Rancho Izaguirre-Jalisco
