El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal para ampliar y fortalecer la tipificación del delito de abuso sexual, en un contexto marcado por el caso de acoso denunciado contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento público en el Zócalo capitalino, hecho que encendió la discusión nacional y aceleró el consenso legislativo.
Las modificaciones a los artículos 260 y 266 Bis establecen con mayor claridad que comete abuso sexual quien, sin consentimiento, realice actos de carácter sexual en el ámbito público o privado, obligue a la víctima a presenciarlos o la fuerce a ejecutarlos. La reforma también contempla como delito forzar a una persona a exhibir su cuerpo.
El nuevo marco legal deja en claro que el consentimiento no puede inferirse por silencio, pasividad o falta de resistencia, y que desaparece cuando la voluntad de la víctima es anulada por violencia, intimidación, engaños, amenazas, abuso de autoridad, abuso de confianza o situaciones de vulnerabilidad.
Las penas serán de tres a siete años de prisión y multas de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, además de medidas obligatorias como talleres reeducativos con perspectiva de género o servicio social, orientadas a evitar la reincidencia.
Las sanciones aumentarán hasta en una tercera parte cuando existan agravantes como violencia física o psicológica, cuando el hecho ocurra en lugares despoblados, cuando haya relación de confianza o subordinación, o cuando la víctima se encuentre en condiciones de especial vulnerabilidad.
En casos de servidores públicos o profesionistas, la ley prevé la destitución e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones por un periodo equivalente al de la pena de prisión.
La reforma fue impulsada en el Senado por Laura Itzel Castillo y Martha Lucía Micher Camarena, quienes señalaron que el caso ocurrido en el Zócalo evidenció la urgencia de actualizar el marco jurídico y de colocar el consentimiento libre y voluntario en el centro del tipo penal, para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas.
Durante el debate se subrayó que estos cambios buscan responder a una realidad en la que el abuso sexual sigue siendo una de las violencias más frecuentes, y avanzar hacia una cultura de respeto y de vida libre de violencias.
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