La nueva Ley de Educación del estado avanzó en comisiones en medio de fuertes tensiones políticas, luego de que diputadas y diputados de Morena advirtieran que el dictamen presentaba inconsistencias en su contenido, mientras que PAN y PRI lograron imponer su mayoría para avalar el proyecto.
Previo a la votación, legisladores de Morena solicitaron posponer el dictamen al señalar que cerca del 30 por ciento del articulado contenía errores, contradicciones y posibles violaciones a derechos fundamentales. Sin embargo, la petición fue rechazada y el documento fue aprobado por los grupos parlamentarios del PAN y el PRI.
La propuesta avalada contempla medidas como el fortalecimiento de la educación inclusiva, la accesibilidad a los planteles, el impulso a la salud mental y la atención emocional de las y los estudiantes. También establece la restricción del uso de teléfonos celulares dentro de las aulas, la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza, así como la posibilidad de implementar transporte escolar obligatorio basado en estudios de movilidad.
Desde Morena, la diputada Reyna Reyes Molina advirtió que el dictamen abre la puerta a disposiciones que, a su juicio, vulneran derechos al incluir figuras como la objeción de conciencia por motivos religiosos, además de excluir temas como la perspectiva de género y la menstruación digna, lo que consideró un retroceso en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora señaló que un paquete de propuestas de su bancada no fue tomado en cuenta, entre ellas la incorporación de psicólogos por turno en cada plantel, el uso de mochilas transparentes, terapias y talleres de habla y lenguaje, programas de transporte escolar, bienestar animal y becas para estudiantes en escuelas privadas.
Antes de la votación, Morena argumentó que el dictamen contenía contradicciones con la Ley General de Educación, disposiciones que podrían violar derechos humanos, errores de forma en decenas de artículos y observaciones de fondo que, a su juicio, ameritaban devolver el proyecto para su corrección. La mayoría legislativa rechazó esta petición.
Por su parte, la diputada Perla Villarreal Valdez lamentó las críticas de sus compañeros y defendió el proceso al asegurar que se llevaron a cabo mesas de trabajo previas. Como ejemplo, explicó que la propuesta del uso obligatorio de mochilas transparentes fue descartada tras la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que implicaba una posible violación a los derechos de las y los menores, criterio que —según expuso— también fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, aclaró que en el caso del uso de teléfonos celulares en las aulas, la ley no establece una prohibición total, sino una restricción de su uso dentro de los planteles educativos.
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