La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó una alerta nacional ante la creciente presión fiscal que diversas entidades del país están aplicando contra el sector productivo. En al menos 16 estados se registran aumentos al Impuesto Sobre Nómina o la creación de nuevos gravámenes que, advierte el organismo, ya están golpeando la competitividad regional, frenando la inversión y dificultando la operación de miles de MiPyMEs.
De acuerdo con la organización empresarial, estos incrementos estatales se están impulsando sin garantizar condiciones mínimas de transparencia, eficiencia del gasto público o una estrategia clara de inversión en infraestructura y servicios esenciales que impulsen el crecimiento económico. En este contexto, la COPARMEX insiste en que ningún estado debería avanzar hacia nuevas cargas tributarias sin antes demostrar disciplina financiera, certeza jurídica y un entorno que permita a las empresas sostener empleos formales y expandirse.
El análisis del organismo, basado en un sondeo entre 71 Centros Empresariales con presencia en 32 entidades federativas, revela que 31 Paquetes Económicos Estatales ya fueron presentados y que una parte considerable de ellos propone incrementos o la creación de impuestos locales.
En el caso concreto del Impuesto Sobre Nómina, se detectaron ajustes al alza en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con incrementos que van del 2 al 4 por ciento, dependiendo del estado. El impacto no es menor: se trata de un gravamen que incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las empresas para sostener su plantilla laboral. La COPARMEX subraya que este tipo de medidas encarecen el empleo formal con efectos inmediatos sobre pymes y trabajadores.
Lo ocurrido en Nuevo León es ejemplo de ello. Cifras de organismos empresariales señalan que un aumento al ISN afectaría al 94.2 por ciento de las MiPyMEs, generando un incremento promedio del 6.6 por ciento en sus costos. Ese impacto, advierten, obligaría a casi la mitad de los negocios a aumentar precios, frenar inversiones o limitar contrataciones, un golpe directo al dinamismo económico y a las oportunidades laborales para jóvenes y trabajadores especializados.
Otros estados no modificaron su tasa del ISN, pero sí impulsaron nuevos derechos o contribuciones locales que elevan los costos de operación. Así ocurre en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, donde además del predial se incorporan cargas sectoriales, mayores trámites administrativos o requisitos regulatorios que también afectan la competitividad. Quintana Roo, por ejemplo, mantiene su ISN sin cambios, pero enfrenta nuevas obligaciones como el VISITAX, que impacta directamente al sector turístico.
En paralelo, la COPARMEX recordó que muchas empresas ya absorben costos que no corresponden a su actividad económica, como seguridad, transporte, infraestructura deficiente y trámites excesivos. A ello se suma una creciente fiscalización y, recientemente, los ajustes al salario mínimo que, aunque necesarios, requieren de una planeación que no puede combinarse con aumentos súbitos en los impuestos.
El organismo empresarial insistió en que esta tendencia de incrementos fiscales estatales y municipales se da en el marco del análisis de los Paquetes Fiscales 2026, y que representa un riesgo claro para la competitividad del país en el contexto del T-MEC y del proceso de relocalización de cadenas de suministro. Con 27 de las 32 entidades manteniendo tasas de ISN iguales o inferiores al 3 por ciento, cualquier estado que supere ese rango, subraya el organismo, pierde atractivo frente a regiones que compiten por atraer inversión nacional y extranjera.
La COPARMEX hizo un llamado directo a legisladores estatales para que las discusiones fiscales prioricen el desarrollo económico, la estabilidad laboral y la capacidad de las empresas para innovar y generar empleos dignos. Exigió que los estados fortalezcan la transparencia, cumplan con estándares de datos abiertos y expliquen con claridad el destino de los recursos antes de solicitar más aportaciones de quienes sostienen el empleo formal.
Finalmente, reiteró que proteger la competitividad no es una postura sectorial, sino un compromiso con el bienestar de millones de familias que dependen del empleo formal y de una economía dinámica. Un aumento impositivo sin estrategia, señala, puede provocar que negocios vulnerables migren a la informalidad, donde todos —gobierno, empresas y trabajadores— terminan perdiendo.
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