Las y los diputados federales del PRI optaron por votar en abstención la reforma en materia de aranceles, al considerar que respaldarla implicaría avalar medidas que podrían encarecer la vida de millones de familias, mientras que rechazarla significaría desconocer la necesidad de fortalecer la producción nacional.
Coordinados por Rubén Moreira Valdez, los legisladores expusieron que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal y aprobada por la mayoría oficialista modifica mil 463 fracciones arancelarias y afecta 17 sectores estratégicos sin ofrecer un periodo de transición que permita ajustar procesos y cadenas de suministro.
Los diputados Hugo Gutiérrez, Erubiel Alonso Que y Luis Gerardo Sánchez señalaron que el nuevo esquema entraría en vigor el 1 de enero de 2026, eliminando el plazo de 30 días que originalmente planteaba la iniciativa presidencial. Advirtieron que sectores como autopartes, acero, plásticos, cosméticos, juguetes y electrónicos requieren meses o incluso años para sustituir insumos, por lo que una aplicación acelerada puede fracturar cadenas productivas completas.
Señalaron que Morena promete fortalecer la industria nacional, pero en la práctica numerosos insumos no se producen en México y quedarían sujetos a aranceles de entre 25 y 50 por ciento. Entre ellos se encuentran la hojalata para envases, materiales esenciales para la industria cosmética, polietileno para la fabricación de juguetes y componentes como baterías para vehículos eléctricos.
Los priistas recordaron que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha advertido que no hay claridad sobre los efectos reales de la reforma, pero sí riesgos inflacionarios evidentes. Con los nuevos aranceles, productos como tinacos, tubería, material quirúrgico y odontológico, maquillaje, juguetes, ropa, refacciones y electrodomésticos presentarían aumentos que impactarían de lleno en el consumo básico.
Adicionalmente, alertaron que ya se registraron reacciones internacionales. China, que representa el 30 por ciento del mercado automotriz nacional, calificó la medida como coercitiva y advirtió que defenderá sus intereses, lo que podría alterar la participación de México en el comercio global.
Los legisladores subrayaron que las pequeñas y medianas empresas serían las más golpeadas, al no poder absorber incrementos abruptos en materias primas, lo que inevitablemente trasladaría los costos al consumidor final y comprometería miles de empleos.
El PRI advirtió que el país no puede tomar decisiones económicas sin planeación, sin análisis sectoriales ni estrategias graduales que permitan una adaptación ordenada. Señalaron que se requiere certeza, diálogo con socios comerciales y una evaluación seria sobre los riesgos inflacionarios.
Finalmente, la bancada priista reiteró que su postura responde a la defensa del bolsillo de las familias, de la estabilidad económica y de las condiciones que garantizan el desarrollo del país.
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