La exigencia de que los nuevoleoneses que viven fuera del país puedan participar en las decisiones políticas del estado llegó al Congreso local. El Consejo Binacional Fuerza Migrante planteó ante diputados la necesidad de reconocer formalmente el derecho al voto y a la representación política de la comunidad migrante.
Durante el doceavo Foro de Migración convocado por el Poder Legislativo, el abogado e investigador social Luis Lauro Herrera sostuvo que la migración no debe significar la pérdida de derechos civiles y políticos, y que existe la posibilidad real de impulsar una reforma electoral desde el ámbito local.
El también regidor de Morena en García señaló que miles de familias originarias de Nuevo León mantienen una aportación constante al desarrollo económico, social y cultural de la entidad, sin que ello se refleje en mecanismos efectivos de representación en las decisiones públicas.
En nombre del Consejo Binacional Fuerza Migrante, organización con más de dos décadas de trabajo en la defensa de los derechos de mexicanos en el extranjero, se reconoció la apertura al diálogo por parte del Congreso del Estado, al tiempo que se insistió en la urgencia de avanzar de los discursos a las reformas legales.
Se recordó que durante el proceso electoral 2023–2024 se promovieron acciones afirmativas para garantizar la representación política de nuevoleoneses residentes fuera del país, iniciativa que fue reconocida tanto por el Tribunal Electoral como por el Instituto Electoral del Estado, aunque su aplicación quedó pendiente al no existir elección local de gobernador.
De cara al proceso electoral de 2027, Fuerza Migrante propuso dos rutas: la implementación de acciones afirmativas que permitan a la comunidad migrante tener representación en el Congreso local y, de manera estructural, una reforma que deje claramente establecidos estos derechos en la ley, e incluso en la Constitución de Nuevo León.
La postura es clara: no se trata de otorgar privilegios, sino de saldar una deuda democrática con miles de nuevoleoneses que, aun viviendo en el extranjero, siguen siendo parte activa del estado.
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