La violencia que despoja a niñas, niños y adolescentes de su infancia llegó al Congreso con una propuesta que busca cerrar el paso a una de las prácticas más crueles del crimen organizado. En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes obliguen a menores de edad a integrarse a grupos delictivos mediante amenazas, engaños o el uso de la fuerza, una conducta que ha crecido en silencio y que hoy busca ser castigada de forma específica en el Código Penal Federal.La iniciativa fue presentada por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, y plantea una reforma al Código Penal Federal para tipificar de manera expresa el delito de reclutamiento forzado de personas menores de 18 años, mediante la incorporación del Capítulo VI Bis.
De acuerdo con la propuesta, incurrirá en este delito quien, a través de actos de captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza, extorsión u otras formas de coacción, obligue a niñas, niños o adolescentes a unirse a grupos de la delincuencia organizada para la realización de actividades ilícitas.
En la exposición de motivos, la legisladora advierte que el reclutamiento forzado se ha convertido en una de las expresiones más brutales de la violencia en el país, ya que no solo implica la incorporación de menores a estructuras criminales, sino la normalización de un entorno donde la niñez deja de ser una etapa de protección y desarrollo.
La diputada señala que miles de niñas, niños y adolescentes son utilizados por organizaciones criminales para tareas de vigilancia, transporte de drogas, venta de estupefacientes e incluso como víctimas de trata y explotación, lo que profundiza su vulnerabilidad y los expone a riesgos permanentes.
Asimismo, se advierte que en numerosos casos las autoridades no logran identificar a los menores como víctimas, lo que deriva en su criminalización por actos que fueron obligados a cometer bajo amenazas o engaños, sin considerar el contexto de violencia en el que fueron captados.
La iniciativa subraya que enfrentar el reclutamiento forzado no es únicamente un tema de seguridad pública, sino una obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y a su pleno desarrollo.
Como sustento, se retoman estimaciones de un informe de Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, que advierte que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes podrían ser reclutados cada año por grupos criminales en el país, una cifra que refleja la magnitud del problema y la urgencia de atenderlo desde el ámbito legislativo.
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Foto: redes sociales-detención de menor
