En plena discusión del Presupuesto 2026, los alcaldes de Monterrey, San Nicolás y Escobedo acudieron al Congreso del Estado para impulsar una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que busca fortalecer las finanzas municipales y ajustar la distribución de participaciones en Nuevo León. La propuesta plantea elevar del 20 al 25 por ciento los recursos que reciben los ayuntamientos, sin crear nuevos impuestos ni afectar las finanzas estatales.
Adrián de la Garza explicó que la iniciativa parte de una realidad que viven a diario los gobiernos locales, donde los municipios terminan atendiendo responsabilidades que corresponden a otros niveles de gobierno. Mantenimiento de escuelas, atención al drenaje, bacheo, transporte y servicios básicos recaen con frecuencia en los ayuntamientos, porque son las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Bajo el esquema actual, el 80 por ciento de los recursos se concentra en el Estado y solo el 20 por ciento llega a los municipios, una proporción que, sostuvo, ya no responde a las cargas reales que enfrentan las ciudades.
El alcalde de Monterrey subrayó que el ajuste propuesto se basa en una fórmula técnica que considera criterios como población y eficiencia, lo que permitiría a los municipios contar con entre 15 y 20 por ciento más presupuesto. En términos generales, el cambio representaría alrededor de 2 mil 500 millones de pesos adicionales para las ciudades, recursos que se traducirían en una mejor atención a las demandas ciudadanas.
Desde San Nicolás, Daniel Carrillo enfatizó que los 51 municipios del estado apoyan de manera constante en necesidades sociales y servicios que rebasan su ámbito formal de competencia. Por ello, planteó no solo el aumento en las participaciones, sino también que una mayor proporción de los recursos provenientes del refrendo vehicular se destine directamente a los municipios, con el objetivo de canalizarlos a obras viales e infraestructura. Además, señaló la importancia de que los recursos excedentes estatales generen fondos de participación y coparticipación para el desarrollo municipal.
Carrillo destacó que la propuesta busca sentar las bases de un nuevo pacto fiscal en Nuevo León, pensado para que a los municipios y, sobre todo, a los ciudadanos les vaya mejor. Afirmó que se trata de una oportunidad para establecer reglas claras y avanzar hacia un modelo que coloque al estado como referente nacional en la distribución equitativa de recursos.
Por su parte, Andrés Mijes, en su calidad de presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, respaldó la iniciativa al señalar que los municipios son el primer respondiente ante cualquier necesidad de la población. Explicó que cada año se repite la disputa por el presupuesto y que esas diferencias terminan afectando directamente a los ciudadanos, por lo que el planteamiento busca un trato justo, productivo y respetuoso para los gobiernos locales.
Mijes recalcó que pedir un ajuste en las participaciones no representa un riesgo para las finanzas públicas y responde a un principio de justicia territorial. Sostuvo que cuando Estado y municipios trabajan de manera coordinada, los beneficios se reflejan en la calidad de vida de la población y en un Nuevo León más fuerte y equitativo.
Los tres alcaldes coincidieron en que la iniciativa debe analizarse y resolverse sin tintes partidistas, con la mira puesta en el bienestar ciudadano, y confiaron en que el Congreso local atienda la propuesta para que pueda incorporarse en el Presupuesto 2026.
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