La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa para incorporar en la legislación federal una definición específica de explotación ligada al reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. La propuesta plantea que se considere explotación la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a una persona para involucrarla en actividades ilegales mediante violencia, amenazas, engaños o cualquier condición que la coloque en situación de vulnerabilidad.
La legisladora subraya que la problemática se agrava cuando las víctimas pertenecen a grupos de alta vulnerabilidad, como menores de edad, personas indígenas, con discapacidad, migrantes o en situación de calle, lo que justificaría un aumento de hasta 50 por ciento en las penas aplicables. Su propuesta adiciona una fracción al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.
González González expuso que en México aún no existe una tipificación concreta que sancione de manera directa el reclutamiento y explotación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, lo que representa un riesgo significativo para este sector de la población. Consideró indispensable avanzar en una reforma al Código Penal Federal para que la legislación funcione como herramienta preventiva ante este fenómeno.
La diputada señala que organizaciones civiles estiman que al menos 30 mil menores han sido reclutados por grupos delictivos y que otros 250 mil se encuentran en riesgo. Asegura que la promesa de dinero es uno de los principales mecanismos utilizados para atraerlos y, a ello, se suman condiciones de pobreza, marginación, violencia en comunidades y deserción escolar, además de una insuficiente presencia institucional en zonas afectadas.
En su exposición, la legisladora advirtió que la violencia ha alcanzado a todos los niveles sociales y ha golpeado con especial dureza a la niñez y adolescencia. Recordó el caso ocurrido el pasado 3 de noviembre en la Ciudad de México, cuando un adolescente disparó por la espalda a un vigilante antes de escapar a pie. Señaló también el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien recibió siete disparos durante un evento público, crimen en el que las investigaciones apuntan a un joven de 17 años como presunto agresor, descrito por familiares como adicto a la metanfetamina.
González González insistió en que una tipificación clara permitiría cerrar vacíos legales y fortalecer la protección a menores, al tiempo que dotaría al Estado de herramientas más precisas para enfrentar el reclutamiento criminal y la explotación asociada a este delito.
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