El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y más de 98 heridas, detonó una ola de exigencias de rendición de cuentas ante lo que legisladores opositores consideran un reflejo del deterioro con el que operan los megaproyectos impulsados durante la llamada Cuarta Transformación. Entre las voces más críticas se encuentra la del diputado Erubiel Alonso, quien acusó al gobierno federal de improvisación, negligencia y opacidad, y pidió que se investiguen presuntos conflictos de interés relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El legislador sostuvo que la tragedia revela fallas de origen en obras como el Tren Interoceánico y el Tren Maya, a las que señaló por carecer de “planeación, supervisión adecuada y protocolos de seguridad esenciales”. También afirmó que en el caso del proyecto oaxaqueño existen señalamientos que involucran a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del exmandatario, a quien ubicó como “supervisor” del proyecto y como figura relacionada con proveedores de balastro utilizados en la obra. De acuerdo con Alonso, contratos millonarios habrían beneficiado a empresas vinculadas con él y con su círculo cercano, pese a cuestionamientos sobre experiencia técnica y calidad de materiales.
El diputado enfatizó que este descarrilamiento es “solo el más reciente” de una serie de fallas asociadas al Tren Interoceánico y al Tren Maya desde su fase inicial, y planteó que este tipo de incidentes no pueden ser considerados simples accidentes. Afirmó que la pérdida de vidas humanas está relacionada con decisiones gubernamentales que, en su opinión, priorizaron intereses políticos y económicos por encima de la seguridad pública.
Alonso pidió que la investigación oficial avance sin restricciones y llegue “hasta las últimas consecuencias”, con transparencia y sanciones para quienes resulten responsables. Cuestionó que, durante la administración anterior, la promoción política de los megaproyectos terminara colocándose por encima de la integridad de la ciudadanía. Reiteró que los hechos en Oaxaca requieren una revisión completa de los procesos, contratos y supervisiones involucradas.
El legislador advirtió que la indignación generada por la tragedia obliga a revisar la manera en que se han gestionado las obras insignia del sexenio y subrayó que es indispensable garantizar que la seguridad no vuelva a quedar subordinada a decisiones políticas o relaciones personales. Según dijo, México necesita claridad, responsabilidades definidas y un replanteamiento total de la forma en que se ejecutan proyectos de gran escala.
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