Con el propósito de actualizar el marco legal frente a las nuevas modalidades de fraude y reforzar la protección de los sectores más vulnerables, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 385 del Código Penal del Estado de Nuevo León para endurecer las sanciones en casos de fraude digital, especialmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores.
La propuesta plantea incrementar hasta en una mitad la pena cuando el delito de fraude se cometa mediante el uso de tecnologías de la información, medios electrónicos, digitales o cualquier medio tecnológico, así como cuando la víctima tenga 60 años o más. El legislador explicó que, aunque el fraude ya se encuentra tipificado en la legislación estatal, las transformaciones sociales y económicas han propiciado nuevas formas de engaño, particularmente a través de plataformas digitales, que amplían el alcance del delito y dificultan la identificación de los responsables.
Gutiérrez señaló que estas modalidades permiten que los fraudes se cometan con mayor rapidez, afecten a un número más amplio de personas y generen daños de mayor impacto, lo que exige una respuesta legal acorde a la realidad actual.
Asimismo, subrayó que las personas adultas mayores constituyen un grupo especialmente vulnerable ante este tipo de delitos, debido a factores como la brecha digital, la confianza que depositan en terceros y, en muchos casos, la dependencia económica o emocional. Indicó que el impacto del fraude en este sector no solo es patrimonial, sino que también afecta su dignidad y calidad de vida.
El diputado aclaró que la iniciativa no modifica la definición del delito de fraude ni crea nuevas agravantes, sino que establece reglas claras para la individualización de la pena, en apego al principio de legalidad penal y sin alterar la estructura del Código Penal vigente. Además, se contempla que el uso de medios tecnológicos y la condición de adulto mayor puedan concurrir de manera conjunta, sin duplicar sanciones ni afectar la coherencia del sistema penal.
“El objetivo es que la ley responda de manera proporcional y justa a conductas que hoy generan un daño social mucho mayor, sin romper el equilibrio del sistema penal y generar protección del patrimonio de las personas”, expresó el legislador.
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